El diputado del PN, Pablo Abdala, sostuvo que la situación responde a "decisiones desacertadas" de la gestión actual, que insiste en haber actuado a derecho.
La oposición acusa al gobierno de comprometer los intereses del Uruguay ante la demanda de Cardama
La decisión del astillero español Cardama de llevar el conflicto con Uruguay por al rescisión del contrato por las patrullas oceánicas a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), abrió un nuevo capítulo en la polémica que enfrenta al oficialismo y a la oposición, que vuelva a apuntar contra el gobierno.
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Tras algunas semanas de silencio, Cardama volvió a aparecer en el escenario con una denuncia presentada a la Corte de París, en la que solicita que la rescisión del contrato por la construcción de las OPV se declare "improcedente y contraria a derecho", y donde también reclama un resarcimiento económico, cuyo monto no fue especificado todavía. Si bien estas acusaciones fueron rechazadas rápidamente desde el gobierno, la oposición no tardó en apuntar contra la gestión del Frente Amplio (FA), a la cual le critican desde el primer momento el procedimiento en torno la finalización del vínculo contractual.
"Todo esto lo que confirma es que los intereses del Uruguay están muy comprometidos por esa exposición la cual el gobierno actual nos ha llevado con estas decisiones desacertadas y apresuradas", sostuvo al respecto el diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, quien ejerce el cargo de presidente interino de la comisión investigadora bicameral del caso Cardama, ante la licencia del senador blanco José Luis Falero.
Por su parte, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el gobierno está "con mucha tranquilidad" pese a las acusaciones del astillero español de que la gestión frenteamplista encabezada por el presidente Yamandú Orsi "incumplió sus obligaciones contractuales" y no actuó de buena fe.
"Es bastante débil la solicitud de Cardama de ir a un arbitraje internacional, porque uno tiene que agotar la vía nacional primero", señaló, al respecto, e insistió en que el "Estado uruguayo recorrió un camino de mucha seriedad, de transparencia y de responsabilidad", a diferencia de la administración anterior.
"Naturalmente, está en su derecho de buscar el espacio que entienda necesario, pero de alguna manera estamos muy tranquilos porque el camino que recorrimos fue muy apegado al derecho nacional", remarcó Sánchez.
Otro aspecto de discrepancias entre oficialismo y oposición es el ámbito en el cual Cardama presentó la denuncia. Según señaló el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Joaquín Garlo, "el contrato establece que los conflictos jurídicos y de diferencias de interpretación se dirimen en los tribunales uruguayos, no en los tribunales internacionales ni en el arbitraje", espacios sí previstos para resolver conflictos vinculados a aspectos técnicos, "que no es el caso".
Por ese motivo, consideró que "los intereses del Uruguay no están en riesgo" y, como expresó en declaraciones al periodista Leo Sarro, la denuncia ante la CCI se trata de "una chicana jurídica" por parte de Cardama. "Va a haber que ejercer la defensa de los intereses conforme a a ley y a las especificaciones del contrato", aseguró.
Distinta fue la interpretación de Abdala, para quien las resoluciones del gobierno emitidas el pasado 13 de febrero apuntaron a "defectos de construcción supuestos de la ejecución de la obra", por lo que habilitó la discusión de la rescisión en el plano de lo constructivo. "Y el contrato dice claramente que con relación a los aspectos constructivos, ahí la jurisdicción es la internacional, es el ámbito del arbitraje, que es el camino que se está recorriendo".