Los legisladores presentaron modificaciones que buscan evitar aumentos contributivos y una garantía de endeudamiento de 50 millones de dólares.
La oposición presentó modificaciones al proyecto de reforma de la Caja de Profesionales.
El proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) se acerca a la última semana de plazo para ser aprobada antes de que el instituto previsional se quede sin el dinero necesario para cumplir sus obligaciones, y diputados de la oposición presentaron modificaciones a la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo, que todavía está en estudio de la comisión especial creada para ello.
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La cuenta regresiva es inminente y desde el gobierno ven que el avance no es lo suficientemente rápido: el proyecto de rescate de la Caja de Profesionales todavía se trabaja en comisión cuando debería votarse la semana próxima para cumplir con los plazos establecidos. Desde el Ejecutivo meten presión y advierten que será la sociedad la que deba suplir una eventual falta de responsabilidad de los legisladores; pero confían en que primará la razón en el recinto.
En ese contexto, la oposición presentó modificaciones al proyecto, comenzando con no imponer el incremento contributivo ni para activos ni para pasivos que, en el primer caso, sería desde la suba de la tasa de aportación y, en el segundo, desde una contribución pecuniaria.
Así, los activos seguirían pagando un aporte del 18,5% que, a partir de enero, volvería a ser del 16,5%. Esto apunta a responder a un reclamo acercado desde los sectores profesionales respecto de que el aumento de la tasa de aportación implicaría la fuga de profesionales al no ejercicio o que se baje de categoría para pagar menos; todo lo cual resultaría en una menor recaudación y, en definitiva, el efecto contrario al buscado con la reforma.
Por otra parte, respecto del artículo 71 que refiere a los timbres y las tasas, la oposición propuso su actualización por el Índice Medio de Salarios (IMS) desde la aprobación de la eventual nueva ley; así como la actualización de los mismos más diez puntos porcentuales desde julio de 2025, durante cinco semestres hasta finales de 2027. Esta medida había sido propuesta también por las autoridades de la Caja de Profesionales, así como distintos colegios y agrupaciones que acudieron a la comisión especial.
Las modificaciones puestas ahora a discusión de los legisladores incluyen también el regreso a la compatibilidad de la jubilación por edad avanzada y otra jubilación; y la universalización del instrumento de cesar en los aportes con 65 años y 30 años de servicios y poder seguir trabajando. Si bien la caja no recibe aportes, tampoco debe pagar jubilaciones de forma adelantada, se aclara en el texto alternativo.
Asimismo, otro de los cambios que busca la oposición es incorporar una asistencia financiera mayor a la propuesta por el Poder Ejecutivo, que llega a los 30 millones de dólares. En principio podría haber acuerdo de que fuera la correspondiente a los valores recaudados por IASS que pagan los profesionales jubilados -aproximadamente 39 millones de dólares-, y así comunicarlo.
En paralelo, sobre la garantía del Estado al endeudamiento de la Caja de Profesionales, proyectan que sea de hasta 50 millones de dólares a valores de 2026, manteniendo los cambios paramétricos de la propuesta del gobierno, pero con el sistema de gobernanza actual con siete directores honorarios, sin el pago de viáticos.
Por último, la oposición buscará prorrogar por dos años más el régimen especial de facilidades para el pago de adeudos, por el que ya se llevan recuperados 11,5 millones de dólares en un semestre.
Con todos estos ajuste, los ingresos se calculan en 136 millones de dólares: 15 millones por timbres, 39 millones por asistencia del Estado, 32 millones por los cambios paramétricos y hasta 50 millones de dólares en endeudamiento con garantía del Estado.
La Caja de Profesionales envió el jueves una notificación oficial al gobierno para recordar que “en julio la institución no tiene forma de hacer frente a sus obligaciones".
Ante este escenario, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, elevó la presión sobre senadores y diputados al pedirles “actuar con responsabilidad para resolver esto”, en medio de una iniciativa que generó descontento tanto en la oposición como en los profesionales.
De lo contrario, Sánchez indicó que "la Constitución establece que el Estado se hará cargo de los institutos de seguridad social", por lo que redobló la apuesta al manifestar: "Es bueno que la gente sepa que, si no se aprueba la ley, será la sociedad uruguaya la que cubrirá ese espacio".
Sin embargo, el jerarca confió en que “va a primar la racionalidad”, al meter presión a senadores y diputados señalando que “van a acompañar el proyecto para no generar una situación terrible de no hacer frente a sus obligaciones".
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