El Ministerio de Turismo busca alinear todas las oficinas de la cartera y otros ministerios antes de aplicar la nueva normativa, pese a los meses de retraso.
La reglamentación de la ley de alquileres turísticos sigue demorándose.
El Ministerio de Turismo (Mintur) sigue alineando al resto del gobierno detrás la reglamentación de la ley que busca regular los alquileres turísticos y, desde el sector, expresan cada vez más fuerte su descontento con los retrasos, preparándose para reclamar con mayor intensidad tras la vacaciones de julio.
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En noviembre pasado, la fecha límite para la reglamentación de la ley 20.352 sobre alquileres turísticos, aprobada durante el último año de la legislatura anterior, se había puesto para 2025; es decir, se suponía que el 2026 no comenzaría si la nueva regulación con capacidad oficial de implementarse. Pero el año terminó, y la reglamentación se pospuso para algún momento del primer semestre de 2026, según indicó la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur).
Nuevamente, el plazo pasó sin que llegara el decreto esperado, y ahora el sector turístico se prepara para reclamarlo y que el Registro de Operadores Turísticos comience a ser obligatorio para propietarios y administradores, incluso aquellos que operan a través de plataformas como Airbnb o Booking.
Según la directora general de Secretaría del Mintur, Florencia Ualde, el texto borrador del decreto de reglamentación está en consideración de otros tres ministerios: Interior, Economía (MEF) y Vivienda (MVOT). En declaraciones a Búsqueda, la jerarca explicó que ese requisito fue impuesto desde Presidencia, partiendo de la consideración de que la ley había sido promulgada también por esas carteras. Una vez que todas den su visto bueno, se remitirá el proyecto a Torre Ejecutiva para su aprobación final.
De todos modos, Ualde aseguró que el expediente viene siguiendo “los plazos y los trámites administrativos propios de los procesos internos” dentro de las diferentes carteras, y que se ha mantenido al tanto al sector turístico al respecto. “Este proceso implicó un trabajo interno de alinear a las distintas oficinas del ministerio de cara al alcance que nosotros queríamos dar a este decreto. Siempre les dijimos a los operadores que no tenía ningún sentido reglamentar una ley que después no sea posible aplicar”, señaló.
Los operadores tendrá 180 días para regularizar la tramitación una vez emitido el decreto de reglamentación; pasado el plazo, el incumplimiento se fiscalizará y sancionará según la ley 19.253 de Regulación de la Actividad Turística, donde se establecen desde advertencias simples hasta multas o clausuras de los establecimientos.
Por su parte, y pese a haber sido informados sobre los plazos burocráticos necesarios para que la iniciativa "salga lo mejor posible", el sector turístico no se quedará de brazos cruzados.
“Estamos esperando, pero vamos a insistir. Después de terminar las vacaciones de julio, lógicamente estamos ya en un momento no de solicitar, sino de reclamar. Esto no es algo que se está pidiendo hace seis meses, fue una ley que se aprobó con inmensa mayoría. Por el momento, nos parece correcto que esto salga de la mejor manera y con el apoyo de los ministerios”, expresó el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, Francisco Rodríguez.
Desde el rubro se entiende que la reglamentación debe estar vigente “no más allá” de mediados de noviembre, cuando estiman que se debería activar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) “tasa cero” para turistas no residentes que abonen servicios gastronómicos, alquiler de vehículos y otros conceptos con tarjetas extranjeras.