El Parlamento aprobó la ley que regula el alojamiento de viviendas particulares con fines turísticos en la última semana del período legislativo, con el objetivo de evitar una “competencia desleal” de estos espacios con el sector hotelero.
Es ley la regulación de viviendas turísticas, ¿qué cambios habrá en la temporada?
La ley busca evitar la competencia desleal de este tipo de alojamiento, en expansión gracias a las plataformas digitales, y los opciones tradicionales.
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Ley de viviendas turísticas: los cambios que propone y cuándo se vota en Diputados
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El Senado aprobó de manera unánime el proyecto de ley de vivienda turística
Luego de haber obtenido la aprobación unánime en el Senado, la ley que regula la llamada vivienda turística logró la sanción definitiva en Diputados. El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo para "equilibrar" la situación entre la hotelería tradicional y las plataformas digitales de alojamiento.
Según la exposición de motivos del proyecto aprobado, la flamante ley busca “regular una nueva modalidad de alojamiento turístico”, y evitar que “los intermediarios online registrados o no, hagan del alojamiento particular una industria del alojamiento informal” que facilite la “competencia desleal” con el sector hotelero”.
Entre sus disposiciones, una de las cosas que establece es que una vivienda es de “uso turístico” cuando presta alojamiento temporal en “más de cinco ocasiones por año”, por un tiempo que “sumado exceda los noventa días”; y que su propietario o administrador debe registrarse ante el Ministerio de Turismo. Éste, por su parte, creará un sector específico denominado “Viviendas de Uso Turístico y Empresas Extra Hoteleras”.
Por otro lado, se deberá informar de manera obligatoria al Ministerio del Interior las identidades de las personas que se alojen en estas viviendas. Además, se tendrá que cumplir con las obligaciones tributarias que establece dicha actividad, bajo la ley que regula la actividad turística.
Los promotores del proyecto sostienen que hubo una deformación del concepto de “economía colaborativa”; dicen que ya no es un alojamiento puntual, como intercambio cultural, de forma esporádica, sino que se ha vuelto en “verdaderas empresas de alojamiento organizadas o particulares”.
Entre las voces contrarias, en tanto, habían señalado que no se podía implementar marcos regulatorios como el que finalmente se votó, en tanto las viviendas para uso turístico no son hoteles ni tampoco empresas inmobiliarias.
El pedido del sector turístico
Días atrás, el Colectivo Turístico y Empresarial de Maldonado publicó un texto demandando la aprobación urgente del proyecto de ley directamente en el plenario del recinto, sin la necesidad de que pasara por la Comisión de Turismo en Diputados, presionados por los cortos tiempos parlamentarios del año electoral.
“De no aprobarse ahora, un año más se irá sin que Uruguay dé una nueva muestra de su ya reconocido prestigio de ser un país que respeta y promueve la libertad en un marco de respeto por los principios y normas que aseguran la oportunidad de igualdades para todos”, estableció la misiva.
Los gremios entendían que el contexto en el que se desarrollaba la vivienda turística “permite que se omita el pago de impuestos que corresponden”, y que “expone a los destinos del país al desprestigio que genera las praxis sin control y la falta de rigurosidad en las cuestiones de seguridad, fundamentales para la valoración de los destinos".
“El porvenir del desarrollo de una industria que representó en el 2023 el 5,4% del PIB, el 14% de las exportaciones del país, con ingresos por US$ 1.800 millones, la generación del 7,3% del total de los empleos del país y que está en condiciones de esos elevar números muy rápidamente hasta niveles pre-pandemia (8,4% del PIB y US$ 2.300 millones de ingresos) hasta números que nuestros destinos están en condiciones de lograr en los próximos años (10% del PIB y US$ 3.100 millones de ingresos), está hoy en manos de los Diputados de Uruguay”, explicó la declaración.
El texto fue firmado por la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, la Cámara Empresarial de Maldonado, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, la Corporación Gastronómica de Punta del Este, el Centro de Hoteles de Punta del Este y el Consorcio Grupo Puerto.
Diputados también aprobó la regulación de los operadores inmobiliarios
Otro proyecto que logró los votos afirmativos en la Cámara Baja fue el que regula la actividad de los operadores inmobiliarios en el país. Con casi la totalidad de los votos —solo el de Eduardo Lust en contra—, Diputados aprobó las modificaciones a la ley, que tiene entre sus objetivos el brindar transparencia y dar igualdad de oportunidades a todos los participantes del mercado; a la vez que busca evitar la competencia desleal.
Una vez que el proyecto de ley sea promulgado por el Poder Ejecutivo se comenzará a trabajar en la reglamentación de la iniciativa. Esta etapa, posiblemente, se dé el año próximo.
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