Las cámaras empresariales del Uruguay se distanciaron del documento final del Diálogo Social que adelantó el martes el presidente Yamandú Orsi y que este miércoles se hizo público para toda la población: "No recoge nuestros aportes ni respecta los criterios que entendíamos esenciales para su desarrollo", afirmaron, a través de un comunicado.
Tras un año de intercambio y discusión de la que formaron parte, finalmente, las principales cámaras empresariales del país decidieron no acompañar el resultado alcanzado en el llamado Diálogo Social, que recogió debates, inquietudes y propuestas para reformar el sistema de seguridad social en su conjunto. Esto se debe a que, pese a que se integraron al ámbito "con una actitud constructiva y una clara vocación de contribuir al análisis y a la formulación de propuestas" en el tema convocante, las conclusiones a las que se llegaron no tuvieron en cuenta su postura y aportes.
Así lo explicaron la Confederación de Cámaras Empresariales (CFE), la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) y la Cámara Mercantil del Producto del País (CMPP), a través de un comunicado conjunto.
Las diferencias de las cámaras empresariales sobre la seguridad social
Las principales "discrepancias" de las cámaras que reúnen a la mayor parte de las empresas del país consisten en la falta de "criterios" que, desde el sector empresarial, entendían "esenciales para el desarrollo" del Diálogo Social.
En ese sentido, señalaron que, durante todas las instancias de trabajo, realizaron aportes técnicos y presentaron propuestas concretas, elaboradas por equipos especializados, a partir de la convicción de que "el diálogo es el camino adecuado para abordar desafíos complejos y avanzar en la construcción de acuerdos duraderos". "Pero entendemos que el diálogo exige condiciones de equilibrio, reglas claras y una consideración efectiva de las distintas posiciones", apuntaron.
"Desde el inicio sostuvimos una posición clara: su abordaje debe realizarse con una visión integral, que contemple objetivos, costos, fuentes de financiamiento y sostenibilidad en el tiempo", continuaron las cámaras empresariales, entendiendo que dichos factores son indispensables para abordar los "desafíos estructurales que requieren políticas de Estado", pero que "no fueron debidamente considerados en el resultado final".
Otros aspectos no incorporados fueron la promoción del empleo formal y la mejora de la transición entre la educación y el trabajo, "que deben ocupar un rol central en cualquier política de protección social que aspire a ser efectiva y perdurable".
"Dado que el documento elevado al Poder Ejecutivo no refleja los planteos presentados por las cámaras empresariales, consideramos necesario dejar constancia de nuestras discrepancias y acercar nuestros insumos para que puedan ser contemplados en las etapas posteriores de análisis y definición de leyes específicas", señalaron las cámaras.
Un "informe en minoría"
En ese sentido, el presidente de la CFE, Leonardo Loureiro, adelantó a Canal 10 que las cámaras trabajan en un documento que harán llegar el gobierno en calidad de un "informe en minoría". "Van a estar detalladas las discrepancias técnicas que tuvimos y algunas discrepancias que entendemos de procedimientos políticos", aseguró.
En esa línea, detalló que uno de los puntos de mayor diferencia en el sector empresario corresponde a las modificaciones que alcanzan a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP): "Entendemos que hoy existe un sistema de AFAP que está probado, tiene 30 años, hoy hay tres privadas y una pública. Hay una forma de poder mantener los criterios de competencia”, consideró Loureiro, que rechazó la idea de "crear una nueva institución estatal", como propone el documento final del Diálogo Social. "Estamos en contra de cualquier creación de cosas nuevas estatales, que eso después va a tener un costo. No está asegurado que eso sea mejor que lo que hoy está”, agregó.
“Tampoco estamos de acuerdo en el tema de la edad anticipada (de retiro). No porque no estemos de acuerdo, es que ya existe hoy un mecanismo dentro de la ley. El Ministerio entiende que técnicamente es mejor lo que se está proponiendo, bueno, lo veremos cuando eso se transforme en leyes concretas”, señaló también Loureiro, en relación con la intención de instalar un régimen de retiro anticipado a partir de los 60 años.
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