El gobierno busca cerrar acuerdos por el diálogo social y enviar un proyecto al Parlamento antes de fin de año

A meses del cierre de negociaciones, el Diálogo Social concentra tensiones, expectativas y reclamos de concreción por parte de sindicatos y organizaciones sociales.

Con datos sobre licencias médicas, gasto previsional y políticas sociales, el gobierno acelera la negociación en el Parlamento para ordenar el sistema y dar señales de previsibilidad institucional.

Foto: Presidencia

El Diálogo Social impulsado por el Poder Ejecutivo entró en una etapa decisiva, con el objetivo de alcanzar acuerdos políticos y sociales antes de abril y remitir proyectos de ley al Parlamento antes de que termine 2026, en un proceso que apunta a reformular aspectos centrales de la seguridad social, el sistema previsional y las políticas de cuidados.

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, en diálogo con Radio Carve, donde brindó un amplio panorama sobre la situación del organismo, el funcionamiento del sistema de licencias médicas, los principales componentes del gasto previsional y los ejes del proceso de negociación en curso.

Pardo detalló que a diciembre de 2025 se registraban 143.000 certificaciones médicas, correspondientes a 106.000 personas, aunque solo 53.700 subsidios por enfermedad estaban efectivamente a cargo del BPS. Según explicó, "no toda certificación médica se traduce en un subsidio pagado por el organismo".

Esto ocurre, señaló, porque "hay personas certificadas que no cumplen los requisitos para cobrar el subsidio" o porque "en algunos casos los organismos de origen cuentan con sistemas propios de cobertura".

La jerarca aclaró además que el BPS no controla la validez clínica de las certificaciones. "El BPS no fiscaliza si la certificación está bien o mal emitida, porque eso es responsabilidad del prestador de salud. El organismo centraliza la información y la administra", indicó.

El crecimiento de personas certificadas, cercano al 8% interanual, abre interrogantes sobre su naturaleza. "Para saber si esto es permanente o transitorio se necesita un estudio profundo", afirmó Pardo, quien remarcó que si bien el BPS cuenta con los datos, "no necesariamente es el organismo que debe liderar ese análisis". En cuanto a las patologías más frecuentes durante 2025, enumeró "dolores de espalda y lumbalgias, trastornos de ansiedad y depresión, y gastroenterocolitis".

El peso del gasto previsional y la situación de las pasividades

Pardo subrayó que los subsidios por enfermedad no explican el grueso del gasto del organismo. "Las pasividades absorben más del 86% de los egresos del BPS", precisó. En el caso de los trabajadores públicos, recordó que "a partir del día 13 de certificación el subsidio corre por cuenta del organismo de origen y no se computa como gasto del BPS".

En ese marco, destacó que las jubilaciones y pensiones recibieron un aumento definitivo de 5,97%, lo que implica un incremento real de 2,32% por encima de la inflación. "En febrero se pagó un adelanto de 5,72% y en marzo se liquidará el aumento completo junto con el retroactivo de enero", explicó.

Diálogo Social: acuerdos en abril y leyes antes de fin de año

Respecto al Diálogo Social, Pardo recordó que el proceso está regido por un decreto que establece plazos, metodología de trabajo e integración de la comisión. "Comenzó formalmente en julio del año pasado y tuvo una primera etapa de recopilación de insumos hasta noviembre", señaló.

Durante ese período se realizaron conversatorios en todo el país, seminarios temáticos y más de 70 audiencias con organizaciones sociales, empresariales y sindicales. Desde diciembre se ingresó en la etapa de negociación, que tuvo un receso en enero y se retomó en febrero.

La comisión ejecutiva, integrada por representantes del gobierno, el BPS, trabajadores, jubilados, empresarios y organizaciones vinculadas a infancia, cuidados y discapacidad, trabaja ahora sobre temas concretos. "El calendario establece que los acuerdos deben estar definidos en abril", indicó Pardo. A partir de allí, "el Poder Ejecutivo tomará esos consensos como base para realizar estudios técnicos y de viabilidad y avanzar luego en la redacción de proyectos de ley, con la intención de enviarlos al Parlamento antes de fin de año".

Desde el BPS enfatizan que “el Diálogo Social no culmina con la firma de acuerdos”, sino que es “un proceso previo indispensable para ordenar propuestas, evaluar impactos y construir soluciones sostenibles en el tiempo”.

Fonasa, bono escolar y modernización del BPS

Pardo también confirmó que la devolución del Fonasa en 2026 se realizará con los parámetros antiguos, ya que el decreto que modifica el cálculo recién regirá para 2027. "El objetivo fue que el aporte mínimo de quienes facturan como servicios personales no aumente", explicó, y adelantó que se presentará un proyecto de ley para regularizar estos criterios.

Otra de las medidas anunciadas es la ampliación del bono escolar, que en 2026 alcanzará a unos 171.000 estudiantes en situación de vulnerabilidad, frente a los 114.000 del año pasado. El monto será de 2.500 pesos, a pagar desde marzo. "El objetivo es dar un alivio económico al inicio del ciclo escolar", afirmó.

Por otro lado, destacó avances en la gestión interna del BPS. "Reducimos los expedientes atrasados de más de 58.000 a unos 42.000", indicó, y agregó que las mejoras tecnológicas permitieron bajar los tiempos de tramitación de jubilaciones y reconocimientos de servicios de 50 a 15 minutos. Además, el organismo incluyó en el presupuesto un proyecto de modernización de sistemas a cuatro años.

El PIT-CNT pide pasar de la discusión a los hechos

En paralelo, el PIT-CNT reclamó avances concretos en el Diálogo Social. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, sostuvo que el ámbito debe transformarse en "una negociación concreta con avances".

"Hasta ahora han habido seminarios, encuentros y conversaciones, pero hay que concretar las cosas y hay compromisos asumidos con la población en la elección", afirmó. Además, señaló que el PIT-CNT tiene propuestas para una "reforma de la seguridad social alternativa" y remarcó: "Queremos acelerar el trámite".

Tal como prevé el cronograma oficial, del proceso debería surgir un documento de síntesis en abril de 2026, que servirá de base para la discusión legislativa en la segunda mitad del año.