Licitación del 5G: últimos 10 días para que las empresas presenten sus descargos

Siete compañías interesadas habían presentado sus observaciones en etapas previas, siendo Movistar y Claro las que realizaron más fuertes críticas.

Movistar y Claro ya se habían quejaron de las condiciones de la subasta del espectro 5G en Uruguay.

Foto: Telefónica

El gobierno dispuso un plazo de 10 días para que las empresas interesadas en la licitación del espectro del 5G presenten sus últimos descargos respecto a los pliegos. Las compañías ya fueron notificadas y la adjudicación está prevista para abril.

Las bases para la subasta ya están presentadas, sobre ello es que podrán hacer sus últimas observaciones las firmas interesadas. Una vez que el presidente Luis Lacalle Pou firme el decreto en donde se aprueben las bases, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) tendrá que fijar la fecha de la licitación dentro de los subsiguientes 30 días.

Si bien no implica necesariamente que terminen presentando alguna oferta, las empresas que realizaron observaciones sobre los pliegos fueron Antel, Dedicado, GSMA, 5G Americas, Asiet, Movistar y Claro, siendo estas últimas las generadoras de las más fuertes críticas.

Las críticas de las empresas

Movistar y Claro, dos de las mayores protagonistas del sector en el país, presentaron quejas a mediados de febrero por las supuestas ventajas que se otorgaban a la estatal Antel en el proceso en el que se subastarán los tres lotes de frecuencias radioeléctricas de la banda 3,5 GHz.

De hecho, la posibilidad de que las firmas accedieran al borrador del pliego en una etapa temprana y pudieran dar sus comentarios fue algo que se habilitó luego de que Movistar y Claro reclamaran una mayor apertura al diálogo con los actores que, finalmente, llevarán a cabo la instalación y puesta en marcha del 5G en Uruguay.

En ese sentido, las críticas, tal y como ya habían anticipado, se centraron en dos puntos fuertes: por un lado, las ventajas de Antel en la licitación —que le reserva uno de los tres bloques a subastar, limitando la participación de los privados a los dos bloques restantes— y el precio de base para la subasta.

Respecto del primer punto, las empresas consideran que la ventaja otorgada a la compañía pública viola tratados internacionales y deja poco espectro disponible como para que se realice una subasta abierta como plantea el gobierno. Asimismo, señalan que es un privilegio discriminatorio y anticompetitivo que hasta podría violar la Ley de Promoción de Inversiones.

En cuanto al precio de base, que es de 28 millones de dólares y estaba señalado ya en el decreto del gobierno, reclamaron que se baje a 20 millones de dólares, teniendo en cuenta las inversiones adicionales que deberán realizar para poner en marcha la red 5G —tanto en términos legales como de ingeniería. También solicitaron extender el plazo de las licencias de 25 a 28 años.

A esto, además, se le suma el conflicto con Dedicado, que sostiene la exclusión adrede de su participación en la subasta a partir de la inclusión de requisitos excesivos; mientras que Movistar y Claro todavía no confirmaron su participación en el proceso.