Los bancos contra la reestructuración de deudas de Cabildo Abierto, "es un problema individual"

La ABPU considera que el proyecto cabildante pone en riesgo la confianza en las instituciones y la claridad de las reglas.

El endeudamiento de las familias uruguayas asciende a 9.700 millones de dólares.

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La Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) cuestionó el proyecto de reestructuración de deudas de las personas físicas de Cabildo Abierto (CA) y apuntó a los efectos que tendría dicha ley en la seguridad jurídica en Uruguay y en la fortaleza de las instituciones; cuando ni siquiera se trata, según la institución, de un problema generalizado de sobreendeudamiento, sino de cuestiones individuales.

Según Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de ABPU, las empresas eligen el país “por la estabilidad de las reglas de juego, porque saben que hace más de veinte años —sin importar quién esté en la Presidencia— la política económica no hace desmadres". Y la política de endeudamiento, agregó frente a la Comisión de Constitución del Senado —que viene trabajando el proyecto cabildante—, es una de tantas políticas de Estado. "Es un activo tremendamente preciado que nos costó muchísimo construir y que debemos cuidar como un tesoro", advirtió, remarcando que "una cosa es cambiar las reglas de juego para adelante, y otra hacerlo para atrás".

Para argumentar la postura negativa que tiene la asociación, Mainzer ejemplificó con experiencias similares a nivel internacional que no tuvieron buenos resultados, como la de Chile en 2012 o la de Paraguay en 2015 que, a pesar de implementar mecanismos de reestructuración, no modificó la problemática de endeudamiento de las personas. En cuanto a nivel local, señaló la experiencia tras la crisis de 1982, que derivó en una retracción de crédito y de la inversión por culpa de las leyes de suspensión de ejecuciones y refinanciaciones forzosas.

Críticas puntuales a un proyecto que no logra apoyos

Entre los aspectos puntuales, la ABPU cuestionó el concepto de "deuda justa" que CA introduce en el artículo 15 del proyecto y que implica que la tasa de refinanciación de las deudas no podrá ser mayor al 2% del monto total en Unidades Indexadas (UI). "Es menor a lo que paga la deuda uruguaya", sostuvo Mainzer, señalando que una tasa tan baja será un "incentivo claro a no pagar".

También cuestionó el artículo 23, que establece que las tasas máximas no podrán superar el equivalente a cuatro veces las Letras de Regulación Monetaria (LRM) emitidas por el Banco Central del Uruguay (BCU), que hoy son del 11%. Mainzer aventuró el resultado: "desaparecerá por completo el mercado del crédito al consumo", dijo, ya que —según la mirada de la asociación— las personas acudirán al sector informal.

Otro impacto, sostuvo, será el encarecimiento de los trámites administrativos y el enlentecimiento de los procedimientos para, precisamente, reestructurar las deudas. "Podemos llegar a tener a 600 mil personas yendo a Defensa del Consumidor tratando de reestructurar", planteó, e insistió en que los incentivos deben ser para los buenos pagadores y en que se debe generar confianza en los prestadores de crédito.

Uruguay no tiene problemas de sobreendeudamiento

Por otra parte, la directora ejecutiva de APBU señaló que los niveles de sobreendeudamiento de Uruguay no parecen ser generalizados. Para sostener el argumento citó datos del Banco Mundial, correspondientes al 2021, que indican que el crédito privado en el país representaba el 27% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta cifra —que a nivel global es del 145%— es menor a casi todos los países de América Latina, y mucho menor al de Estados Unidos o la Unión Europea y que, a nivel global.

"Claramente, el problema es a nivel individual", sostuvo la representante de ABPU. Según sus datos, el endeudamiento total a nivel familiar es de unos 9.700 millones de dólares. De ese total, 6.300 millones corresponden a créditos al consumo de los que, a su vez, 4.400 millones son por préstamos otorgados por bancos. En términos generales, los créditos al consumo en Uruguay representan el 9% del PBI.

Asimismo, Maizner resaltó que el nivel de morosidad en este tipo de créditos es del 5%, por lo que tampoco representa un aspecto problemático.