Pequeños deudores: un problema estructural que se agrava en el presente

Con la situación de sobreendeudamiento de las personas físicas y el conflicto por los créditos en UR del Banco Hipotecario, el debate por la deuda a nivel individual se reabre.

690.000 personas en Uruguay son consideradas deudores irrecuperables.

Uruguay atraviesa una situación delicada respecto de la deuda de las personas físicas: el 71% tiene un crédito en el sistema financiero formal y son 690.000 quienes tienen deudas “problemáticas”, según el informe de la Comisión Técnica Administrativa de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU).

En este contexto, hay dos situaciones puntuales que destacan: por un lado, el conflicto de los créditos en Unidades Reajustables (UR) del Banco Hipotecario (BHU); y, por el otro, el sobreendeudamiento de las personas físicas que busca abordar el proyecto de ley de Cabildo Abierto (CA).

El crédito, en sí mismo, no es algo inherentemente negativo. De hecho, es una herramienta financiera muy útil cuando es bien administrada. Sin embargo, desde hace un tiempo, es también un tema de preocupación en la sociedad uruguaya; sobre todo, por los altos niveles de endeudamiento por créditos de consumo que hay actualmente entre la población.

“Según datos del clearing de informes (Equifax), en el año 2022 habían alrededor de 1 millón de personas endeudadas con casas de créditos (más de 50 casas de crédito)”, explicó Joaquín Capdevielle, contador de A&M Consulting, en diálogo con Ámbito.com. “Es demasiada gente para lo que es Uruguay, significa que están pagando créditos con tasas de interés del 40%, 50% o 60% anual en pesos uruguayos, cuando la inflación está en el entorno del 8% anual”, añadió, dando cuenta de un panorama, complejo.

Para el contador, el financiamiento de consumo con deuda es una tendencia que se ha venido desarrollando desde inicios del 2000, pero lo que ya es un problema estructural se ha agravado por contextos puntuales tales como la pandemia de Covid-19 y, mucho más reciente, la sequía histórica que afecta a gran parte del territorio nacional.

Hoy en día, los mayores ejemplos de este endeudamiento estructural son las 690.000 personas que se encuentran en graves problemas para el pago de sus obligaciones crediticias —mayormente contraídas en términos de créditos de consumo— y que, a su vez, se ven imposibilitadas de acceder al mercado formal de financiamiento, por lo que las tasas de interés que terminan aceptando son altísimas; y las más de 20.000 familias que todavía se encuentran en conflicto con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) por los intereses “de usura” que quedaron fijados en los préstamos en UR.

Para Capdevielle, el hecho de que el endeudamiento a nivel mundial y local esté en sus máximos históricos, no hace más que agravar la situación. “Por un lado, importamos inflación de Estados Unidos, país que no tiene superávit desde al 2001, con una deuda de 90 trillones de dólares con una emisión de dólares que se ha descontrolado, especialmente desde la pandemia”, subrayó el experto. Paralelamente, la deuda externa uruguaya también está en su máximo histórico, “a pesar de que se ha enlentecido su crecimiento en relación al PBI”. “Las personas físicas no son ajenas a este fenómeno”, señaló el contador.

Para Capdevielle, los altos niveles de endeudamiento de los uruguayos es una cuestión estructural agravada por contextos puntuales.

Foto: Pexels

Identificar el problema desde una postura más relativa

Desde la consultora Exante, la mirada sobre la situación es menos alarmante, si bien entienden que hay una problemática en las imposibilidades de pago de una gran cantidad de personas en Uruguay. Así lo explicó la gerente de la institución, Alicia Corcoll, en diálogo con Ámbito.com.

“El endeudamiento total de las familias es de 9.700 millones de dólares, de los cuales 3.400 millones de dólares son crédito hipotecario y 6.300 millones de dólares son préstamos al consumo. En 2022 y comienzos de 2023 ese endeudamiento crecía a razón de un 6% anual en términos reales, pero venía de varios años con crecimiento moderado”, sostuvo en primer lugar, para explicar el escenario actual.

“En tanto, si miramos la penetración del crédito a las familias en relación al PIB que tenemos en Uruguay luce bajo en una comparación internacional (sobre todo porque es bajo a nivel del crédito hipotecario). Así que a nivel agregado no estamos ante niveles de endeudamiento altos: no parece haber un ‘exceso de endeudamiento’”, añadió la especialista. Asimismo, tampoco se ve “un incremento significativo de la mora (incumplimiento) a nivel de personas físicas”.

Este diagnóstico, por un lado, permitiría entender que, entonces, la problemática de la pequeña deuda que hoy se señala desde diferentes puntos no es propia de la coyuntura actual, sino que forma parte de la cotidianeidad uruguaya desde hace un tiempo. En ese sentido, Corcoll señaló que “en la central de riesgos del Banco Central hay más de 600.000 deudores personas físicas con atrasos significativos (asignados con la peor calificación de riesgo), que se originaron en los últimos 15 años”.

“Es un hecho que tenemos muchas personas con incumplimientos crediticios y que probablemente muchos de esos incumplimientos se arrastran desde mucho tiempo atrás”, consideró la gerente de Exante. Y el mayor problema en esto es que el acceso al crédito de esas personas es en peores condiciones y hasta por fuera del sistema formal.

¿Cómo solucionar el problema de la pequeña deuda?

Para Capdevielle, limitar aún más las tasas de interés no es la solución, por más que sea una de las propuestas de Cabildo Abierto. “Si se llega a las tasas actuales, es porque existe esa demanda de dinero por parte de los consumidores de ese segmento, y creo que es importante evitar la generación de un mercado negro, que sería aún más perjudicial”, sostuvo el contador.

Desde su perspectiva, si bien establecer un proceso de reestructuración de deuda a nivel personal es una buena medida, es necesario atacar el problema de raíz con un paquete que involucre varias áreas. Así, propone incluir educación financiera a nivel de educación secundaria; facilitar acceso al crédito por parte de MiPymes que les permitan ofrecer mejores salarios —y así reducir la necesidad de tomar deuda para financiar el consumo—; y bajar la carga impositiva y regulatoria.

Por su parte, Corcoll propone comenzar a construir respuestas desde ciertas consideraciones: en primer lugar, que el crédito es necesario para un buen funcionamiento de la economía —por que las alternativas de solución no pueden incluir una visión negativa del mismo, algo que, a su entender, sucede con el proyecto de ley de CA—; y, en segundo lugar, “que el problema fundamental que enfrentan las personas con deudas impagas de un modo estructural está en la vulnerabilidad que tienen esas personas, porque no acceden al mercado de trabajo en condiciones razonables”.

“Esas personas enfrentan permanentemente dificultades económicas y cuando enfrentan carencias extremas toman crédito; y cuando sus ingresos se ven disminuidos, no pueden seguir pagándolos. Si se busca que personas en esa situación de fragilidad no se vean en la necesidad de tomar créditos pequeños (con altos costos de generación y administración y altas tasas de interés), la solución viene por fortalecer los apoyos que esas personas reciben desde el Estado”, consideró Corcoll.