La legisladora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, comparó las modificaciones del gobierno con las confiscaciones de Nicolás Maduro en Venezuela.
Graciela Bianchi acusó al gobierno de confiscar como el régimen de Nicolás Maduro.
La senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, criticó los cambios en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y aseguró que el gobierno recibirá miles de denuncias, mientras que también lo comparó con una confiscación del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela; en tanto, desde el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) advirtieron por efectos en los profesionales independientes.
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La semana pasada, el gobierno dispuso una serie de modificaciones por decreto en el sistema de devolución de aportes del Fonasa, con el que cambiará la metodología de cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud (SNS).
"Esto es una confiscación porque te sacan dinero que es tuyo y te obligaron a descontar", denunció la senadora del PN que comparó el caso con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
En tanto, Biachi aseguró que habrá miles de demandas, comenzando por las de inconstitucionalidad. Por otro lado, aseguró que los cambios en el Fonasa no respetan los derechos de los ciudadanos. "Catedráticos nos han enviado informes en los que aseguran que las modificaciones deben hacerse por ley y no por decreto, ya que se pone en riesgo el sistema institucional.
Por su parte, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores manifestó su preocupación por los efectos que podrían generar los cambios, sobre todo en profesionales que trabajan mediante empresas unipersonales de servicios. Desde la institución reconocieron la necesidad de corregir los errores metodológicos y la revisión de los supuestos técnicos para determinar el costo promedio equivalente (CPE).
Aunque remarcaron la modificación llevada a cabo por el gobierno "incrementa la carga contributiva del colectivo sin que ello se traduzca en una mejora directa de las prestaciones recibidas”. Por otro lado, llamaron a “asegurar transparencia, divulgación y verificabilidad en el nuevo cálculo”.
“Cualquier modificación debe procesarse con diálogo, previsibilidad y una adecuada evaluación de impacto, garantizando la equidad y la seguridad jurídica”, señaló su presidenta, Silvia Leal.
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