La Dirección General Impositiva (DGI) anunció un refuerzo de los controles y de la aplicación de sanciones contra los contribuyentes que utilizan facturas fraudulentas para reducir de forma indebida sus obligaciones tributarias.
La DGI endurece el control contra las facturas truchas con multas de hasta 15 veces el impuesto evadido
El fisco reforzó los controles sobre los usuarios de comprobantes fraudulentos y no solo sobre las "empresas de papel" que los emiten.
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La DGI advirtió que sancionará tanto a las firmas fantasma como a los contribuyentes y asesores que utilicen facturas falsas para inflar créditos fiscales.
La medida complementa el trabajo que el organismo ya venía haciendo para frenar a quienes emiten ese tipo de comprobantes, en lo que constituye un combate en dos frentes, es decir, contra el emisor y contra quien se beneficia del documento trucho.
El organismo calificó a esta práctica como una de las formas más graves de incumplimiento tributario con consecuencias que pueden derivar tanto en sanciones económicas como en causas penales. La normativa vigente prevé multas de entre una y quince veces el monto del impuesto defraudado, además del inicio de las acciones penales que puedan corresponder en cada caso.
Para la DGI, el uso de facturas fraudulentas no solo golpea la recaudación fiscal: también distorsiona la competencia, porque le da a quien las usa una ventaja indebida frente a los contribuyentes que sí cumplen correctamente con el fisco. Es, en los hechos, una forma de competencia desleal que perjudica al conjunto de la economía formal.
Qué es exactamente una factura fraudulenta y quién responde por ella
Según la definición del organismo, una factura, física o electrónica, es fraudulenta cuando documenta una operación que no refleja la realidad de los negocios y se usa para inflar de forma ficticia los créditos fiscales con el objetivo de bajar la obligación tributaria de quien la recibe. La DGI identificó tres modalidades concretas: la simulación total de operaciones inexistentes, la sobrefacturación de montos superiores a los efectivamente transados, y la utilización de comprobantes que no coinciden entre quien figura como emisor y quien realmente hizo la operación, típica del mercado informal.
El organismo también trazó un perfil de las firmas que emiten este tipo de documentos: mantienen incumplimientos tributarios sostenidos en el tiempo, sus titulares suelen ser insolventes, sus domicilios se fijan en zonas de difícil acceso o directamente en direcciones inexistentes, facturan montos altos con gastos nulos o muy reducidos, y en general no desarrollan ninguna actividad económica real, de ahí que se las conozca informalmente como "empresas de papel", sin personal ni infraestructura física. Cuando sí tienen alguna actividad genuina, sus recursos resultan notoriamente insuficientes para explicar lo que facturan.
Un punto que la DGI subrayó especialmente: la responsabilidad no recae solo en quien emite la factura trucha. También alcanza a quien la utiliza para obtener un beneficio tributario indebido, y a cualquiera que participe en el diseño, la facilitación o la ejecución de la maniobra.
De la auditoría a la publicación de nóminas: así opera la DGI
El organismo despliega sus acciones de forma escalonada, según el nivel de riesgo detectado en cada caso: van desde comunicaciones personalizadas a los contribuyentes hasta auditorías fiscales completas, y en los casos donde se confirma la defraudación, la publicación de la nómina de los involucrados, tal como habilita la normativa vigente.
Contra los emisores, la DGI ya tiene un set de herramientas en marcha: la desafiliación del régimen de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), la invalidación de los comprobantes ya emitidos y la publicación en su portal web de la nómina de emisores desafiliados. El nuevo anuncio apunta a reforzar el otro costado del problema, el de quienes utilizan esas facturas para reducir su carga impositiva.
El organismo cerró su comunicado con una doble señal: por un lado, exhortó a los contribuyentes a no recurrir a estas prácticas, dado lo severas que pueden resultar las consecuencias económicas y penales; por otro, recordó que quienes atraviesan dificultades genuinas para cumplir con sus obligaciones tributarias tienen a disposición facilidades de pago que pueden adaptarse a la situación de cada contribuyente, una salida que la DGI diferencia explícitamente de la maniobra fraudulenta.
