Los ciberataques se triplicaron en Uruguay y la pérdida de dinero por estafas saltó un 60%

El 40% de los usuarios de internet en el país opera desde computadoras o teléfonos sin realizar copias de respaldo ni contar con antivirus.

Organismos de gobierno advierten por el incremento de mensajes falsos a nombre de bancos e instituciones públicas.

Uno de cada tres uruguayos sufrió intentos de fraude online, mientras que los incidentes informáticos detectados por CERTuy se triplicaron en 2025 y la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la seguridad financiera.

Un estudio de Datasec revela que que las estafas digitales se consolidan como una amenaza creciente para los uruguayos, en un escenario marcado por la expansión de los servicios financieros electrónicos, el comercio online y la utilización cotidiana de plataformas digitales. El 32% de los usuarios de internet asegura haber sufrido algún intento de fraude, engaño o robo de información, mientras que el 8% declara haber perdido dinero como consecuencia de una estafa durante el último año.

Los datos surgen del estudio Estado de la Ciberseguridad en Uruguay, desarrollado por Datasec a partir de información obtenida por Grupo Radar, que evidencia un deterioro en los indicadores vinculados al impacto económico del ciberdelito. En 2024, el porcentaje de usuarios que había perdido dinero por estafas digitales se ubicaba en el 5%, mientras que actualmente alcanza al 8%. El incremento de tres puntos porcentuales representa un crecimiento relativo del 60% en la proporción de personas afectadas económicamente.

El fenómeno adquiere especial relevancia en un país que ha avanzado significativamente en la digitalización de sus servicios y operaciones económicas. Según la Encuesta de Usos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (EUTIC), el 92% de la población utilizaba internet en 2024 y el 84% lo hacía diariamente. A su vez, la proporción de personas que realizó compras online durante los tres meses anteriores pasó del 35% en 2022 al 48% en 2024. Esta mayor utilización de los canales digitales amplía las oportunidades para consumidores y empresas, pero también incrementa la exposición potencial a intentos de fraude, particularmente cuando no existe una incorporación equivalente de herramientas de protección.

Los incidentes informáticos se triplicaron durante 2025

Los resultados del relevamiento de Datasec se producen en un contexto de fuerte crecimiento de los incidentes de seguridad informática detectados por los organismos públicos. De acuerdo con las estadísticas oficiales del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy), durante 2025 se detectaron y respondieron 42.768 incidentes, frente a los 14.264 registrados en 2024, lo que representa un incremento cercano al 200%.

El organismo aclaró que el aumento responde tanto a la evolución de las amenazas como a la incorporación de nuevas fuentes de información, mejoras en los sistemas de monitoreo y mayores capacidades de detección. Por lo tanto, las cifras no implican necesariamente un crecimiento equivalente de los ataques efectivamente concretados.

La tendencia continuó durante el primer semestre de 2026, cuando CERTuy registró otros 32.399 incidentes de seguridad informática, según los datos oficiales publicados en julio. Estos registros no son directamente comparables con los intentos de estafa sufridos por personas, pero permiten dimensionar la presión creciente sobre la infraestructura digital del país.

Persisten debilidades en la protección de los usuarios

El informe de Datasec también identifica importantes carencias en las prácticas de seguridad informática de la población. Una de cada tres personas que utiliza computadoras no dispone de un antivirus, mientras que el 40% no realiza respaldos de su información. Entre quienes utilizan teléfonos inteligentes, uno de cada cuatro tampoco efectúa copias de seguridad de los datos almacenados.

La situación adquiere particular importancia considerando que los teléfonos celulares se han transformado en una herramienta central para las operaciones bancarias, los pagos electrónicos y la gestión de información personal. Sin embargo, el relevamiento también muestra que las experiencias negativas producen cambios en los comportamientos. El 71% de quienes sufrieron algún intento de fraude asegura haber modificado sus hábitos de navegación o incorporado medidas adicionales de protección.

La mayoría de las estafas no se denuncia

Uno de los principales desafíos para combatir los delitos digitales es la baja proporción de casos que llega a conocimiento de las autoridades. Según el módulo de victimización de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), citado en el estudio, solamente el 21,7% de los casos de estafa fue reportado a la Policía y apenas el 18,6% terminó en una denuncia formal.

Esta situación dificulta conocer la dimensión real del fenómeno y constituye un obstáculo para el desarrollo de estrategias de prevención e investigación. La escasa denuncia también plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta institucional y la necesidad de fortalecer los mecanismos de asistencia a las víctimas.

La inteligencia artificial multiplica los riesgos

Otro de los elementos centrales del informe es la creciente utilización de inteligencia artificial para desarrollar modalidades de fraude más sofisticadas. En la región ya se han documentado ataques de phishing personalizado, generación automatizada de mensajes fraudulentos y suplantaciones de identidad mediante herramientas capaces de reproducir voces e imágenes.

Estas tecnologías permiten que los intentos de engaño sean más convincentes, aumenten su alcance y puedan dirigirse a usuarios específicos con información previamente recopilada. La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) ha advertido que los estafadores utilizan mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos y redes sociales para hacerse pasar por instituciones financieras, organismos públicos o personas conocidas, generalmente con solicitudes urgentes de dinero o información confidencial.

El avance de estas modalidades plantea un desafío particular para el sistema financiero, que debe fortalecer sus mecanismos de autenticación, monitoreo de operaciones sospechosas y prevención del fraude.

El desafío también alcanza a las empresas

La preocupación por la ciberseguridad no se limita a los usuarios particulares. Otro relevamiento de Datasec sobre el sector empresarial uruguayo, difundido por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti), muestra que el 63% de las empresas declara estar bastante o muy preocupado por los riesgos vinculados a la seguridad de la información.

Sin embargo, solamente el 20% considera haber implementado plenamente los controles necesarios para protegerse. Además, apenas el 21% cuenta con un responsable formal de ciberseguridad y solo el 15% dispone de políticas definidas en esta materia. El estudio también revela que el 68% de las organizaciones no realiza evaluaciones periódicas de seguridad y tampoco considera necesario hacerlo. Estas cifras reflejan que las debilidades en materia de protección digital atraviesan tanto a los consumidores como a las organizaciones, con consecuencias potenciales sobre la continuidad de los negocios, la protección de datos y la confianza en las transacciones electrónicas.

En este escenario, la ciberseguridad comienza a adquirir una dimensión económica cada vez más relevante para Uruguay. El desafío ya no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en garantizar que la expansión de los servicios digitales esté acompañada por mecanismos adecuados de prevención, educación y respuesta ante incidentes.

El crecimiento de las pérdidas económicas por estafas y las brechas de protección identificadas por Datasec muestran que la confianza digital será un factor cada vez más importante para el desarrollo del comercio electrónico, los servicios financieros y la economía digital uruguaya.