Los comercios del litoral advierten que la Ley de Fronteras puede no funcionar

Según la cámara empresarial, en la edición pasada, un 73% ni siquiera se enteró que podía acceder a los beneficios.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes del Parlamento del Uruguay. (Foto: Parlamento del Uruguay)

El Parlamento del Uruguay estudia la posibilidad de extender la Ley de Fronteras para proteger la economía de las empresas del litoral del país, cercanas a la frontera, que se ven perjudicadas por la diferencia cambiaria con Argentina. Ante la Comisión de Hacienda de Diputados, el presidente de Centros Comerciales e Industriales del Litoral, Gustavo Filippini, advirtió que “no es conveniente que se haga una exoneración fiscal a lo grande”.

La iniciativa propone la exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios y de la prestación tributaria unificada monotributo y monotributo social Mides; así como la quita del IVA mínimo mensual para las pequeñas empresas, de los anticipos mínimos del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y la exención de los pagos mensuales del Impuesto al Patrimonio.

Ahora, la nueva ley buscará ampliar la cantidad de empresas alcanzadas por el “alivio fiscal”. Así, en palabras del presidente Luis Lacalle Pou, la iniciativa dará “más aire a empresas de todo tamaño”, que pasarán de facturar 4 millones de unidades indexadas (UI) a 10 millones.

El principal problema para acceder tiene que ver con la comunicación

A contrapartida, Filippini recordó en su exposición que la Ley de Fronteras anterior estaba destinada a 4.000 empresas, de las cuales solo terminó beneficiando a 1.050 de ellas. Es decir, más de un 73% no logró acceder. Entre las razones, el titular de la cámara empresaria mencionó a los problemas de comunicación como la principal.

“¿Por qué las otras 3.000 no accedieron? ¿Porque no quieren? No. Fue porque no se enteraron. ¿Quién es el responsable de que se enteren? A nosotros nos gustaría ser los responsables y poder avisarle a las empresas”, criticó.

De acuerdo a lo expresado por Filippini, la Dirección General Impositiva (DGI) asegura que avisa a los posibles beneficiarios, pero que lo que hace es simplemente enviar un mail. “Imagínense ustedes que reciben 500 por día. El mail no dice: ‘Abra el mail porque es una exoneración’, dice: ‘Usted puede estar o no incluido’”, explicó el representante de los comerciantes, que opinó que el problema es de comunicación.

En ese sentido, pidió que le permitan al Centro participar de la política pública. Sobre esto, contó que eso ya fue solicitado a la DGI, pero que desde el ente estatal le respondieron que “por secreto empresarial” no podían brindar información. “Capaz que por querer cuidar un secreto tributario estamos evitando que las empresas puedan acceder a este tipo de descuentos”, planteó.

A su vez, Filippini exigió que se incluya a otros departamentos en la ley, como Soriano y la ciudad de Mercedes, que no figuran ni en la primera norma ni en la reciente propuesta que se encuentra en trámite en el Parlamento.