La Justicia levantó la semana pasada la medida cautelar que impedía al intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, acercarse a edificios municipales y que, por lo tanto, ponía en duda sobre cómo podría llegar a gobernar el departamento desde el 10 de julio si no podía hacerlo desde la Intendencia: “Las medidas son legales pero, cuando pasan a ser irracionales, arbitrarias o de una manera que no tienen ponderación con los derechos que conjuran, pasan a ser ilegales porque suponen un adelantamiento de pena", sostuvo entonces la defensa del dirigente blanco.
"Medidas irracionales", ilegalidades y voluntad popular: las claves de la defensa de Guillermo Besozzi para volver a la Intendencia
"Las medidas son legales, pero cuando pasan a ser irracionales, arbitrarias, pasan a ser ilegales porque suponen un adelantamiento de pena", esgrimieron los abogados del intendente electo.
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Fiscalía apelará la habilitación para que Guillermo Besozzi gobierne desde la Intendencia
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Guillermo Besozzi podrá gobernar Soriano desde el edificio de la Intendencia
"Medidas irracionales", ilegalidades y voluntad popular: las claves de la defensa de Guillermo Besozzi para volver a la Intendencia.
La audiencia en la que la jueza Ximena Menchaca revocó la prohibición que tenía Besozzi de acercarse a dependencias de la Intendencia de Soriano fue clave para terminar de decidir el destino del jefe comunal electo respecto de cómo asumiría un nuevo mandato departamental. Allí, los abogados del dirigente del Partido Nacional (PN) insistieron en la necesidad de que el futuro intendente pueda ejercer su cargo desde el edificio correspondiente para ello, y apuntaron que "no hay ninguna prueba" de que hubiese "intentado entorpecer la investigación", una de los argumentos detrás de la medida cautelar en cuestión.
“Se dicen cosas que pueden pasar pero, evidencia concreta, no existe. Solicitar mantener una medida cautelar por meros supuestos, es muy grave y afecta considerablemente nuestro sistema procesal penal”, sostuvo uno de los abogados, Nelson Rosa.
Por su parte, el otro defensor de Besozzi, Pablo Vera, consideró que la Fiscalía “no puede traer a colación un hecho concreto que suponga” que se está “ante un riesgo o entorpecimiento de la investigación”. Y argumentó: “Las medidas (cautelares) son legales pero, cuando pasan a ser irracionales, arbitrarias o de una manera que no tienen ponderación con los derechos que conjuran, pasan a ser ilegales porque suponen un adelantamiento de pena que está expresamente prohibido por el artículo 12 de la Constitución”.
Tras esta exposición, la jueza Menchaca falló a favor de levantar prohibición de acercarse a edificios municipales, así como aquella que le impedía manejar temas inherentes a la administración comunal (dos cuestión fundamentales para el ejercicio del cargo para el cual fue electo el pasado 11 de mayo, en las elecciones departamentales); pero mantuvo otras siete medidas, entre ellas ellas la que lo obliga a permanecer en arresto domiciliario desde la medianoche a las 7 de la mañana y presentarse una vez por semana en la comisaría, además de la prohibición de salir del país.
La postura de la Fiscalía y la futura apelación
Por su parte, en la misma audiencia, al Fiscalía argumentó contra la revocación de la medida cautelar que, de hacerlo, se le estaría permitiendo a Besozzi regresar al lugar "donde cometió los ilícitos" presuntos por los cuales se lo investiga.
La fiscal Charline Ferreyra insistió que el nacionalista “volverá a asumir en la intendencia donde cometió los delitos”, razón por la cual “la Fiscalía entiende que es un riesgo procesal mucho mayor de entorpecimiento de la investigación y denotaría que el imputado tiene cierta impunidad en su actuar" porque se le estaría "permitiendo volver a estar en ese mismo lugar donde cometió los ilícitos”.
“Le estaríamos permitiendo volver a ese lugar, y posiblemente se puedan cometer nuevos delitos. Ese es un riesgo importante”, continuó: “Podría ir a cada sector de la intendencia, por ejemplo, para destruir evidencia, ir a sus reparticiones, hablar con personas, presionar a funcionarios y a sus propios subalternos porque es la cabeza de la intendencia cuando vaya a asumir”.
Ante el resultado negativo para el equipo fiscal, Ferreyra adelantó durante esa misma audiencia que apelarán en fallo de la jueza Menchaca.
Besozzi está imputado por siete delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, coautoría de un delito de cohecho calificado y reiterados delitos de abuso de funciones.
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