La Justicia postergó su definición sobre el futuro de Guillermo Besozzi

Se postergó para el viernes la decisión sobre si el intendente electo de Soriano, imputado por delitos de corrupción, podrá ingresar a la sede de la intendencia.

El dirigente del Partido Nacional fue imputado en marzo por delitos contra la administración pública.

La Justicia postergó para el viernes la audiencia clave para el intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, en la que se analizará el pedido de su defensa para levantar la medida cautelar que le prohíbe el ingreso a dependencias municipales, una decisión determinante para definir si el dirigente blanco podrá asumir la Intendencia.

El dirigente del Partido Nacional (PN), quien resultó reelecto en las elecciones departamentales del 11 de mayo, enfrenta una compleja situación judicial que comenzó en marzo cuando fue imputado por varios delitos contra la administración pública. La investigación se centra en presuntas maniobras ilegales realizadas durante su gestión anterior al frente de la comuna sorianense.

Como medida cautelar, Besozzi debía estar en prisión preventiva con tobillera electrónica durante 180 días, mientras avanzaba la investigación. Sin embargo, las condiciones fueron modificándose a lo largo del proceso. En mayo, Menchaca, dispuso que el exintendente de ese departamento cumpliera arresto domiciliario nocturno entre las cero horas y las 7 de la mañana, lo que le permitió hacer campaña electoral durante el día.

La investigación judicial surgió a partir de escuchas telefónicas que revelaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. De las conversaciones telefónicas escuchadas por la fiscal se desprende que hubo maniobras para financiar al gremio de funcionarios e irregularidades en la administración departamental.

El dilema constitucional

Si se mantiene la medida cautelar el intendente electo, imputado por delitos de corrupción, no podrá asumir en la Intendencia ni trabajar en las oficinas departamentales desde el 10 de julio. Esta situación plantea un escenario inédito en el país, donde un intendente electo democráticamente podría verse impedido de ejercer su cargo por restricciones judiciales.

Ante esta posibilidad, el propio Besozzi había declarado que si las medidas cautelares llegan hasta el momento de asumir pondrá "un escritorio con un gazebo en la plaza", evidenciando su determinación de ejercer el cargo pese a las limitaciones.

El proceso judicial avanzó cuando el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, confirmó por sentencia interlocutoria número 250/2025 (en mayoría), la formalización del proceso contra el electo intendente. Esta decisión consolidó la investigación y mantuvo las medidas cautelares, aunque permitió que Besozzi continuara con su campaña electoral.