Mientras el oficialismo impulsa penas más duras y registros en tiempo real, la oposición cuestiona la viabilidad técnica del plan.
El proyecto de ley en discusión busca obligar a Defensa, Aduanas y comercios a compartir información en tiempo real con la Policía para rastrear los proyectiles.
El senador colorado, Nicolás Martinelli, salió al cruce de la iniciativa que impulsa el Frente Amplio (FA) junto al Ministerio del Interior (MI) para endurecer el control de armas y municiones, mientras que el diputado blanco, Pablo Abdala, apuntó contra el ministro del MI, Carlos Negro, por la confirmada suba de homicidios del primer semestre y por los recientes cambios en la cúpula policial.
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El diputado frenteamplista Alejandro Zabala defendió el proyecto de ley que elaboró junto al MI para reforzar el control de armas de fuego y municiones. El texto, de diez artículos, busca dar soporte legal a la Estrategia Nacional para el Control de Armas dentro del Plan Nacional de Seguridad Pública: aumenta penas por tráfico de armas, crea una figura específica para quienes modifican armas o municiones para volverlas más letales, obliga a denunciar en 24 horas la pérdida o el robo de un arma, y fija plazos para que Defensa, Aduanas y las armerías compartan información en tiempo real con la Policía.
La iniciativa fue criticada por Martinelli, en una entrevista en Informativo Sarandí: "Hay una contradicción del propio Frente Amplio (FA) con el aumento de penas. Más allá de eso, esto no le hace bien a las personas que están en regla con la legislación". El exministro del MI señaló que el oficialismo había cuestionado históricamente el "populismo penal" y que ahora avanza en la misma dirección que decía rechazar, y agregó: "El foco lo tenemos que poner en los ilegales, en los que contrabandean. No hay evidencia para saber si las municiones de estas balaceras provienen del mercado legal o ilegal".
Martinelli planteó que Uruguay ya cuenta con una legislación "muy robusta y muy rigurosa" en materia de control de tenencia de armas en comparación con la región, y que el esfuerzo legislativo termina recayendo sobre quienes ya cumplen la normativa (tiradores deportivos, cazadores y armerías) en lugar de concentrarse en el circuito ilegal y de contrabando. Como ejemplo de su propia situación, comentó: "Yo tengo porte y tenencia de arma porque estoy habilitado por ley, sin embargo no la uso nunca. Si la usan mucho son los cazadores", en referencia a quienes, dijo, pueden disparar varios miles de municiones por año en prácticas regulares.
El senador también puso en duda la capacidad actual del Estado para determinar el origen de las municiones utilizadas en los tiroteos. Explicó que la Dirección de Fiscalización de Empresas del MI recibe cada 15 días de las armerías el detalle de las municiones vendidas, pero que ese cruce de información "no se hace por falta de personal".
Sobre la tecnología de geolocalización balística incorporada en 2023, valoró su aporte para que la Policía llegue al lugar exacto de una balacera y recupere evidencia, pero remarcó sus límites: "Estamos hablando de que quizás del total de los disparos que se hacen en la vía pública no estamos llegando a recuperar ni siquiera el 90% de todo el universo", señaló, y agregó que aun cuando se recupera una munición, suele ser difícil determinar si proviene del mercado legal o de contrabando, porque Argentina y Brasil (principales orígenes de fabricación) abastecen tanto el circuito legal como el ilegal con el mismo producto.
Consultado por el sumario que la Cancillería inició contra el excanciller, Francisco Bustillo, separado del cargo y con retención del 50% de su sueldo, dispuesta por el actual canciller Mario Lubetkin tras la reiterada negativa de Bustillo a comparecer ante una investigación interna por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, Martinelli evitó pronunciarse: "No tengo nada que comentarte. Estoy por fuera del tema, no conozco el expediente. Evidentemente, si hay una investigación administrativa, el excanciller tendrá todas las facultades de presentar su descargo; es parte del proceso administrativo".
En paralelo, el diputado nacionalista y extitular de la Subsecretaría del Interior, Pablo Abdala, redobló las críticas al gobierno tras la comparecencia del ministro Negro ante la Comisión de Seguridad de Diputados, en la que el jerarca admitió que el primer semestre de 2026 cerrará con una "leve suba" en homicidios y heridos de arma de fuego respecto al año anterior. En diálogo con radio Monte Carlo, Abdala anticipó que la estadística del observatorio del MI ratificará esa suba en los hechos de violencia letal y en los casos con armas de fuego, y cuestionó duramente la conducción de la cartera: para el legislador, la respuesta a la inseguridad "carece de liderazgo" por parte de Negro, hay "inoperancia" y no se toman decisiones.
Abdala también volvió sobre los recientes cambios en la cúpula policial, que incluyeron el relevo de la Jefatura de Policía de Montevideo, la Guardia Republicana y Asuntos Internos, y señaló que llamó la atención la forma "repentina" en que se realizaron, justo cuando las modificaciones en la estrategia territorial llevadas adelante hasta ahora arrojaban, según las propias autoridades, resultados positivos. El planteo se suma al de otros referentes de la oposición, como el senador nacionalista Javier García, quien había calificado los relevos como una forma del ministro de "fugar de su responsabilidad política", y el colorado Andrés Ojeda, quien los definió como una "confesión de fracaso".