Organizaciones ambientalistas llevaron el caso a la Justicia y cuestionan los impactos de la exploración offshore.
Presentaron un recurso de amparo en contra de la prospección sísmica.
Organizaciones ambientalistas, junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), presentaron un recurso de amparo contra la prospección sísmica en aguas uruguayas, al considerar que la actividad está generando impactos negativos en el ambiente marino y a la industria pesquera; la acción fue analizada en una audiencia civil y ahora quedó a resolución judicial.
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El abogado Hoenir Sarthou, representante de los demandantes, sostuvo que el planteo busca frenar una actividad que, según afirmó, ya está generando consecuencias. “Se está causando un daño serio al ambiente marino y a la fauna”, señaló, en referencia a las emisiones sonoras utilizadas en este tipo de exploraciones.
Sarthou explicó que el recurso se fundamenta tanto en la protección ambiental como en la defensa de la actividad pesquera, dos áreas que podrían verse afectadas por la prospección. En ese sentido, remarcó que el reclamo apunta a resguardar “la actividad pesquera y la situación ambiental”.
Del otro lado, desde el gobierno se sostiene que no corresponde dar lugar al recurso. Según se planteó en la audiencia, el plazo para presentar el amparo ya habría vencido y, además, no existiría evidencia de impacto ambiental derivado de los trabajos que se desarrollan en aguas territoriales.
Sarthou adelantó que, independientemente del fallo, el proceso judicial no se cerrará en esta instancia. “Seguramente habrá una instancia de apelación”, afirmó, en un conflicto que suma un nuevo capítulo en el debate sobre la exploración petrolera en el mar.
La decisión de la Justicia se espera en los próximos días y será clave para determinar la continuidad o eventual suspensión de las tareas de prospección en aguas uruguayas.
La prospección sísmica forma parte del esquema de exploración de hidrocarburos impulsado por Ancap en la plataforma marítima, bajo un modelo en el que la inversión es asumida en su totalidad por empresas privadas en las fases iniciales. Esto implica que el riesgo exploratorio no recae sobre el Estado, que participa en caso de eventuales descubrimientos comerciales.
En términos de cifras, la etapa actual ya implicó inversiones superiores a 150 millones de dólares en estudios sísmicos y relevamientos geológicos. Como siguiente paso, el proceso prevé la perforación de al menos un pozo exploratorio, una operación que puede superar los 200 millones de dólares por cada intento.
A nivel técnico, la probabilidad de éxito geológico en este tipo de proyectos ronda el 25%, en línea con estándares internacionales para exploración offshore en cuencas similares. En caso de hallazgo, el desarrollo del yacimiento dependerá de su viabilidad comercial, lo que incluye costos de extracción, volumen de reservas y condiciones de mercado.
El modelo también contempla contratos de largo plazo, que permiten al país captar ingresos a través de cánones e impuestos en una eventual fase de producción, sin haber asumido el riesgo inicial.
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