Rescisión con Cardama: cruces entre senadores y la conformación de una comisión investigadora

El Parlamento impulsa una comisión para analizar el contrato de las patrulleras, mientras crecen las acusaciones entre los sectores por los compromisos asumidos.

El gobierno rescindió el contrato de Cardama y la oposición advierte que Uruguay perderá un juicio millonario.

Foto: Astillero Cardama

La decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas abrió un nuevo frente de confrontación, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición sobre responsabilidades, eventuales perjuicios económicos y el impacto institucional del caso.

El senador del Partido Nacional (PN), Sebastián Da Silva, calificó la medida como “una barbaridad, una burrada, una torpeza” y sostuvo que el Estado perderá el eventual juicio que pueda iniciarse tras la rescisión. A su entender, la ruptura contractual expone al país a un litigio que, según dijo, se perderá al analizar “el ABC del Derecho Civil”, lo que implicaría un costo adicional para las arcas públicas.

Da Silva también apuntó directamente contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y cuestionó que haya habilitado un pago millonario al astillero cuando, según afirmó, ya estaban sobre la mesa las intenciones de frenar el contrato. “¿Cómo no va a renunciar?”, se preguntó el legislador, al considerar que la jerarca quedó en una situación políticamente insostenible.

En la misma línea, el senador blanco vinculó el caso con un clima parlamentario “espeso” y adhirió a la creación de una comisión investigadora en el Parlamento que analice todo el proceso, desde la firma del contrato en el gobierno anterior hasta su rescisión en la actual administración. Además, criticó al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, a quien acusó de intentar “perfilarse” como presidenciable dentro del Frente Amplio (FA) a partir de este episodio.

El oficialismo acusa a la gestión anterior

Desde el oficialismo, el senador Sebastián Sabini presentó la solicitud de creación de una comisión preinvestigadora para que se proceda a estudiar y aclarar todos los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscritos entre el Estado y el astillero. Algunos interrogantes que plantea Sabini en la presentación son las razones por las que "se dejó sin efecto el procedimiento competitivo y se optó por una compra directa con quien había quedado muy atrás"; se pregunta también quiénes fueron los responsables de acercar a Cardama al Ministerio de Defensa; si es cierto que se le dio a Cardama la posibilidad de mejorar su oferta y a los otros posibles oferentes no; por qué no se contrató un asesor de seguros y se lo consultó más al BCU; qué se tomó en cuenta para extender los plazos de entrega de garantías, entre otras cuestiones.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani también salió en defensa del accionar del gobierno y de la ministra Lazo, y apuntó las responsabilidades hacia la administración anterior. Según explicó, el 28 de febrero el entonces comandante de la Armada aprobó los planos de las patrulleras, lo que habilitó la ejecución de una carta de crédito por 30 millones de dólares en el Banco República. Para Caggiani, esos pagos respondieron a compromisos ya asumidos por el Estado.

El legislador oficialista fue más allá y calificó la operación original como “un negocio totalmente ruinoso para las arcas del Uruguay”, cuestionando que se tratara de una compra cercana a los 100 millones de dólares a un astillero con escasa experiencia en construcción naval y que, además, presentó garantías que luego fueron observadas. Aseguró que la rescisión antes del 15 de febrero evitó nuevos desembolsos y mayores perjuicios.

En cuanto a la eventual investigadora, Caggiani consideró que, de concretarse, debería funcionar en el Senado para que el exministro de Defensa y actual senador Javier García pueda comparecer y dar explicaciones, y no en Diputados, donde no tendría obligación de asistir.