El Poder Ejecutivo firmó el decreto que, a partir del 1° de enero de 2027, aplicará el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los vehículos eléctricos con un valor de importación superior a los 19.000 dólares, lo que equivale a un precio de venta al público de aproximadamente 30.000 dólares.
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Mientras las empresas del sector afirman que la medida frena la movilidad eléctrica, las estaciones de servicio consideran que el impuesto es insuficiente.
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La medida generó una fuerte discusión interna en el gabinete hasta que se acordó proteger del impuesto al 75% de los eléctricos más económicos.
La norma, rubricada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, y la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, reemplaza el régimen de exoneración total vigente desde 2021 y divide a los vehículos en franjas: los que tengan un valor de importación de entre 19.001 y 27.000 dólares pagarán un 5%, y los que superen los 27.001 dólares tributarán un 9%.
La medida generó un fuerte rechazo del sector importador de eléctricos, aunque desde el gobierno insistieron en que su impacto será acotado. El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, sostuvo que "el 66% de los vehículos no van a tener ninguna afectación", mientras que la propia Cardona precisó en su cuenta de X que, considerando las importaciones de los últimos seis meses, "el 75% de los vehículos eléctricos puros continuará con exoneración total".
El representante de BYD en Uruguay, Santiago Guelfi, director de la firma SadAr, coincidió en el orden de magnitud: "Autos hasta 30 mil dólares de venta al público no sufrirían variaciones porque no tienen impuestos. Arriba de 30 mil empezarían a tener que pagar el impuesto (...). Si hoy hacemos el corte, el 70% no estaría incluido y el 30% sí", explicó, aunque aclaró que se trata de "una estimación primaria" porque el valor final también depende de los costos de logística y de cada importador.
Pese a coincidir en el porcentaje, Guelfi cuestionó duramente la decisión y el momento en que se tomó. "Todas estas son señales negativas que lo único que generan es confusión en el consumidor", afirmó, y sumó la medida a otras señales que consideró desfavorables para el sector, como la suba del precio de la energía en los cargadores y el aumento de la patente de rodados. El representante de BYD anticipó además que el ritmo de crecimiento del mercado eléctrico "se va a detener" a partir de la nueva carga tributaria.
La postura del gobierno: gravar solo a los modelos de mayor valor
Desde la Torre Ejecutiva, la decisión se enmarcó en la Rendición de Cuentas presentada esta semana en el Parlamento, donde el nuevo Imesi a los eléctricos aparece como una de las fuentes de financiamiento para el gasto adicional previsto en áreas como pobreza infantil, seguridad pública y educación. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió el criterio de progresividad de la medida y dijo: "El que compró un auto de más de 45.000 dólares puede pagar un poco más de Imesi". Además, remarcó que la decisión no implica "abandonar la promoción de la movilidad eléctrica", ya que los vehículos a combustión continúan gravados con un Imesi del 23%, muy por encima de la exoneración total que seguirán teniendo los eléctricos más económicos.
El planteo oficial reflejó, además, una discusión previa entre carteras: mientras el MEF impulsaba avanzar con el gravamen por motivos recaudatorios, Industria había manifestado reparos. La propia Cardona había señalado semanas atrás que no consideraba oportuno retirar los beneficios en esta etapa del mercado, dado que los eléctricos todavía representan una proporción reducida del parque automotor uruguayo pese a su fuerte crecimiento en ventas. La fórmula finalmente adoptada, mantener la exoneración total para los modelos más vendidos y gravar solo a los de mayor valor, buscó conciliar ambas posturas.
El otro lado de la discusión: la mirada de los vendedores de combustibles
La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), que había sido una de las organizaciones que impulsó la revisión del régimen, celebró el decreto pero lo consideró insuficiente. "Expusimos el tema a nivel de opinión pública para que el gobierno lo evaluara y valorara la conveniencia de tomar una medida de ese tipo o no. Entendemos que es insuficiente, esperábamos un poco más, y a su vez que bajara un poco el Imesi en la gasolina", planteó el gerente de la gremial, Federico de Castro, en diálogo con Noticias 5. "La premisa de Unvenu es que si todos pagamos, todos pagamos menos", agregó.
De Castro había respaldado su reclamo con un estudio encargado a un economista, que estimó en unos 300 millones de dólares anuales la resignación fiscal que implicaba mantener el régimen de exoneración plena para los eléctricos entre 2026 y 2030, contemplando el Imesi no cobrado, la tasa arancelaria exonerada, la falta de pago de patentes y la menor recaudación por la caída en la venta de naftas.
Pese a las diferencias con el alcance final de la medida, el gerente de Unvenu la calificó como un paso en la dirección correcta: "Entiendo que este es un primer paso, lo que se busca es gradualmente llegar a la equidad entre todos los automovilistas y se está yendo por el camino correcto", sostuvo, y agregó que su gremial imaginaba un esquema que alcanzara "a todos los eléctricos e híbridos, por un tema de equidad, porque si todos contribuimos, todos pagamos menos".

