El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) entiende que la ecuación económica del proyecto de hidrógeno verde y combustibles sintéticos que la chilena HIF Global busca instalar en Paysandú todavía no cierra para el país.
El MIEM advierte que la tarifa preferencial requerida por la firma chilena HIF Global para instalarse es demasiado baja y no le conviene al Estado.
El proyecto de US$ 5.385 millones para la producción de combustibles sintéticos se presentó originalmente como la mayor inversión privada en la historia del país.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) entiende que la ecuación económica del proyecto de hidrógeno verde y combustibles sintéticos que la chilena HIF Global busca instalar en Paysandú todavía no cierra para el país.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El MIEM considera que el precio preferencial de electricidad que reclama la empresa es demasiado bajo, y que no está resuelto quién asumiría el costo extra de abastecer la planta en los momentos en que baje la generación de energías renovables.
Las autoridades del Poder Ejecutivo vienen intercambiando posturas con la compañía en torno a tarifas, localización, infraestructura y logística, con el objetivo de plasmar un memorándum de entendimiento que, según indicó días atrás la ministra del MIEM, Fernanda Cardona, se está "cerrando" con los distintos organismos públicos involucrados. "Estamos intercambiando para poder cerrarlo, ese es el ánimo, que no se pierda ese proyecto, que tenga viabilidad", dijo la jerarca.
El proyecto de HIF en Paysandú, anunciado oficialmente en junio de 2023, prevé una inversión de 5.385 millones de dólares en cuatro etapas, con 1.400 empleos en promedio durante la construcción y unos 300 puestos directos en la operación. La administración anterior lo presentó como la mayor inversión privada de la historia del país.
Según las conversaciones en curso, una vez que se cierre el memorándum de entendimiento, la empresa deberá conseguir financiamiento, confirmar contratos de demanda con clientes del exterior para sus combustibles sintéticos, y recién entonces estará en condiciones de tomar la decisión final de inversión, algo que se estima ocurrirá hacia fines de 2027 o incluso durante 2028.
La firma del memorándum, que originalmente estaba prevista para marzo, se postergó primero hasta fines de junio y todavía no se concretó, en parte por las diferencias en torno a la tarifa eléctrica preferencial que la empresa solicita a UTE y la que ofrece el ente, y también por los tiempos de los permisos ambientales.
Esa demora generó críticas, principalmente del intendente nacionalista de Paysandú, Nicolás Olivera, quien sostuvo el 22 de julio en el programa Palabras cruzadas de radio Sarandí que el gobierno "se ha tomado demasiado tiempo" para analizar el proyecto. Olivera contrastó la actitud del presidente Yamandú Orsi, a quien atribuyó una búsqueda activa de condiciones para cerrar el acuerdo, con lo que calificó de declaraciones "erráticas" de la ministra Cardona: "Si sale, es un poco pese a la ministra y no gracias a la ministra".
Fuentes del MIEM aseguraron a Búsqueda que la ministra "no se opone" al proyecto, sino que la ecuación energética "no termina de cerrar" según el asesoramiento técnico que recibe de las distintas direcciones de la cartera y de UTE. La Dirección Nacional de Energía (DNE) viene evaluando los costos de mantenimiento y uso de las redes, y advirtió sobre el riesgo de acordar precios preferenciales que no reflejen el valor real de esos servicios.
El punto más sensible es qué pasa si escasea la generación renovable en un momento de alta demanda de HIF: en ese escenario, UTE debería encender la central térmica de Punta del Tigre, en San José, para cubrir el faltante, un costo adicional que, según una fuente del ministerio, podría rondar los 50 millones de dólares anuales y que no está contemplado en los números que planteó la empresa.
A eso se suma la brecha de precios: HIF Global pretende pagar entre 40 dólares y 45 dólares por megavatio hora, un valor bastante alejado del que UTE tiene acordado con las plantas de celulosa, cercano a los 90 dólares, y más próximo, aunque todavía por debajo, de la franja tarifaria "muy rebajada" que ya ofrece el propio Ejecutivo.
Según las fuentes consultadas, desde la DNE se sostiene que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más inclinado a cerrar el acuerdo con la compañía, maneja estudios de costos y escenarios que no comparte con el MIEM, lo que generó cierta tensión entre ambas carteras. Aunque los dos ministerios coinciden en que la inversión y el empleo que generaría el proyecto serían positivos, en el MIEM "no está claro" que las cuentas le cierren al Estado en su conjunto.
Pese a que la tarifa energética es el nudo central de la negociación, jerarcas de UTE no están participando de las conversaciones, según indicaron fuentes de la empresa pública. Desde el ente remarcaron que la eventual instalación de HIF exigiría inversiones extra relevantes, por fuera del plan de expansión de generación renovable ya previsto para este quinquenio. Por eso plantean algún tipo de "contrapartida", ante el riesgo de comprometer nodos de conexión en forma exclusiva para el proyecto y que esa infraestructura termine subutilizada.
En paralelo, se analiza instalar la planta en la parte norte del predio donde funciona la planta de portland de Ancap en Paysandú, una ubicación considerada "muy buena". Fuentes de Ancap indicaron a Búsqueda que, a raíz de esa posibilidad, quedó en pausa una eventual reconversión de esa planta de portland. La alternativa surge después de que la ubicación que HIF manejaba originalmente, en Constancia, frente a la ciudad argentina de Colón, generara reclamos de autoridades de Entre Ríos por razones ambientales y de impacto visual.
Además, el acuerdo que HIF Global y Alcoholes del Uruguay (Alur) venían negociando desde diciembre de 2024 para la compra de dióxido de carbono biogénico cayó a fines de marzo, tras varias prórrogas.
Según fuentes de Ancap, "no hubo interés de las partes en renovarlo": para Alur-Ancap era "un contrato asimétrico, con errores e imprecisiones" que complicaban su gestión, mientras que para la empresa chilena la toma de ese CO2 "ya no era de interés", algo que había quedado plasmado en el proyecto presentado ante el Ministerio de Ambiente. Como resultado, HIF perdió la exclusividad sobre el CO2 biogénico que actualmente Alur desecha por la chimenea de su planta de biocombustibles en Paysandú, un negocio que, de haberse concretado, hubiera representado unos 5 millones de dólares anuales por la venta de 150.000 toneladas de CO2 al año durante 15 años.