El pasado 5 de julio, el directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) decidió, por mayoría (4 a 1), no renovar el contrato con Fenirol S.A., compañía ubicada en Tacuarembó que suministra energía eléctrica a partir de biomasa, fundamentalmente madera y cáscara de arroz, por un monto estimado en 97,8 millones de dólares durante 12 años, por lo tanto, esta decisión puso en riesgo la continuidad de la planta, que desde 2007 había ampliado su vínculo con la empresa pública.
Darío Castiglioni, director opositor en UTE, cuestionó duramente la resolución en una rueda de prensa y dijo: "Yo les planteé unas horas o días para lograr estudiar, y no hicieron lugar. Todos tenemos la obligación de estudiar y hacer los aportes". El dirigente dio a entender que faltaron informes técnicos de distintas gerencias de UTE que acompañaran una decisión de esta envergadura.
Castiglioni también expresó preocupación por el empleo: "Al cesar el contrato es muy probable que esta empresa cierre sus puertas ¿Cuántas familias van a quedar sin trabajo en el interior del país?", alertó y, además, advirtió sobre la gestión de residuos y el posible impacto ambiental.
La planta de Fenirol representaba una compra anual de cerca de 8 millones de dólares a UTE por energía renovable. Su cierre implicaría no solo ceses laborales, sino también el fin de una fuente de energía local y el debilitamiento de cadenas productivas asociadas a la biomasa.
Un golpe a la confianza
Este revés desplaza un foco en el modelo energético descentralizado que el país impulsó en los últimos años. Fenirol es parte de las primeras experiencias de biomasa del país y funcionaba como ejemplo de generación justa y empleo en zonas rurales.
Organismos como UTE han invertido en estas fuentes renovables como vía de diversificación energética. No obstante, son proyectos más costosos que las fuentes eólicas o solares, lo que los hace menos competitivos en comparación.
Al desactivar este nodo, se lanza una señal que podría perturbar futuros emprendimientos. Un análisis del Grupo de Diarios América (GDA) calificó la medida como "muy peligrosa", al entender que asfixia este tipo de proyectos y desincentiva inversiones. El repentino cambio genera incertidumbre entre inversores y proveedores, quienes podrían dudar antes de comprometer capital en energías renovables.
¿Qué sigue?
La justificación del directorio para anular el contrato fue una observación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre limitación de presupuesto. Sin embargo, esto no convenció a Castiglioni, que exigió mayor análisis técnico y se mostró dispuesto a plantear la cuestión ante instancias superiores.
El saldo de esta resolución es incierto. La comunidad de Tacuarembó sigue preocupada por el posible cierre de Fenirol, que no solo generaba energía sino también encadenaba valor agregado mediante el procesamiento local de residuos. La urgencia de una transición energética sostenible y justa para el interior del país parece puesta a prueba.
Será clave el rol de UTE en gestionar una transición gradual y coordinada para evitar impactos sociales severos. También resalta el debate por garantizar que las decisiones estratégicas de la empresa pública estén sustentadas en análisis técnicos sólidos, con previsión ambiental y social. De lo contrario, el costo humano y de confianza será interesante en estas zonas del interior.
Finalmente, queda por ver si UTE rectifica la medida o si Fenirol logra su continuidad mediante instancias políticas o rescates gubernamentales. La urgencia es máxima: están en juego empleos, inversión y el futuro energético de una región clave
Dejá tu comentario