La administración de Donald Trump oficializó un nuevo esquema de gravámenes para las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos Argentina. En el caso local, el recargo del 10% alcanzará a un conjunto específico de bienes, mientras que alimentos, productos energéticos, acero, aluminio, automóviles y otras materias primas estratégicas quedaron excluidos.
La medida comenzará a regir este viernes y forma parte de la nueva ofensiva comercial de la Casa Blanca, que busca presionar a sus socios para reforzar los controles sobre las cadenas de suministro vinculadas al trabajo forzoso.
El gobierno de Estados Unidos publicó el listado de productos argentinos que estarán alcanzados por el nuevo arancel adicional del 10% que comenzará a regir desde este viernes. A diferencia de otros países incluidos en la medida, la Argentina no enfrentará un gravamen generalizado sobre todas sus exportaciones, sino que el recargo se aplicará únicamente sobre determinadas posiciones arancelarias.
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La decisión forma parte del nuevo esquema comercial impulsado por el presidente Donald Trump, quien reactivó su política de aranceles al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La administración estadounidense sostiene que el objetivo es incentivar a los socios comerciales a fortalecer la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso.
El documento difundido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) muestra que la mayor parte de los productos alcanzados corresponde a materias primas, insumos industriales y manufacturas de nicho, por lo que el impacto directo sobre el grueso de las exportaciones argentinas sería limitado.
El documento de la USTR también establece una amplia serie de exclusiones para evitar impactos sobre sectores considerados estratégicos para la economía estadounidense.
Quedarán exceptuados del nuevo arancel:
Según explicó la Casa Blanca, las exenciones buscan evitar problemas de abastecimiento y minimizar los efectos sobre la producción y los consumidores estadounidenses, al tiempo que preservan el objetivo central de la medida: utilizar la política comercial como herramienta para presionar a los socios de Estados Unidos a reforzar los controles sobre el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.