Importante: empiezan desde hoy a renegociar las tarifas de servicios

El gobierno iniciará hoy la renegociación de tarifas con las empresas privatizadas de servicios públicos. Los representantes de las 59 compañías convocadas participarán de un encuentro en el Ministerio de Economía que presidirá el ministro Remes Lenicov. La discusión tiene un plazo de 120 días. La intención del gobierno es sólo discutir tarifas y asegurarse de que no aumenten a cambio de mayores plazos contractuales, diferimiento de inversiones o baja de la calidad del servicio. Pero las empresas afirman que tienen problemas por el fuerte incremento de sus costos tras la devaluación.

Comienza hoy a las 14 el proceso de renegociación con las empresas de servicios públicos. Están citadas las distribuidoras y transportadoras eléctricas Edenor, Edesur, Edelap, Transener y Transnoa. Ya confirmaron su asistencia los gerentes generales de Edenor y Edesur, Henri Ducré y José María Rovira, respectivamente.

Para el resto de esta semana y la próxima serán convocadas las otras empresas, estimándose que habrá diez reuniones para los catorce grupos empresarios constituidos. Se entiende que se negociará un aumento de tarifas y un mecanismo de ajuste automático de las mismas para el período de emergencia.

Según el documento oficial, que se distribuirá desde hoy a las empresas, el objetivo es «adecuar los contratos en el período de la emergencia, sin introducir cambios estructurales». El gobierno procura asimismo dar garantías de seguridad jurídica, afirmando que se va a «preservar la vida del contrato y las condiciones originariamente pactadas con vistas a su restablecimiento futuro».

El gobierno admite que se «requerirán ajustes en el corto plazo a fin de adaptar la ejecución de los contratos al desenvolvimiento de la economía», lo que equivale a reconocer la necesidad de trasladar a las tarifas los mayores costos derivados de la devaluación.

El documento también menciona que además de los aumentos inmediatos deberán haber «revisiones periódicas», considerando «las características del escenario de corto plazo». Este aspecto reconoce que no se podrán mantener las tarifas congeladas si hay inflación, aun en el nivel de 35 por ciento anual previsto en el presupuesto nacional.

Entre las empresas privatizadas, hay cierta inquietud de que estas declaraciones intenten contrarrestar las objeciones del Fondo Monetario Internacional y de varios gobiernos de los países centrales con respecto a la falta de cumplimiento de los contratos firmados. Pero que, llegado el momento, los ajustes que se autoricen estén determinados por motivos políticos y por los problemas sociales.

Hay compañías que aceptarían un plan para la emergencia, con aumentos que sigan los costos internos y parcialmente el impacto de la devaluación sobre el endeudamiento externo de cada una, pero pedirían a cambio una flexibilización de las exigencias de inversión y de calidad del servicio.

Sin embargo, el documento oficial se remite en ese último aspecto a la ley de emergencia afirmando que «en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones».

De este modo, se nota de entrada una contradicción entre el propósito de resolver sólo la emergencia y a la vez exigir el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en los contratos, las cuales se encuentran suspendidas de hecho desde la devaluación.

A medida que se realizan las reuniones que se inician hoy, las empresas recibirán un formulario en el que deberán detallar en el término de 10 días hábiles «el impacto producido por la emergencia», un resumen de su situación económico-financiera reciente, la evolución del contrato y de las tarifas, y un detalle del endeudamiento y de las aplicaciones efectuadas.

•Obligación

Asimismo, las compañías deberán presentar sus propuestas para compensar el «impacto producido por la emergencia».

Detrás de esto, hay algún temor en las empresas de que las propuestas de subas que puedan elevar sean utilizadas políticamente para presionarlas a pedir menos. «Si tenemos que presentar los aumentos en una comisión en la que está el defensor del pueblo y el representante de los usuarios, siempre va a haber filtraciones a la prensa y manejos políticos, mientras que debería ser la comisión la que decidiera con lo presentado y los escenarios previstos por cada compañía, el aumento que corresponde», se afirmó ayer en una de las compañías.

Dentro de los 59 contratos a renegociar, hay situaciones distintas:

• Los servicios públicos esenciales como luz, gas, teléfonos y agua, que se facturan mediante tarifas que hasta enero estaban dolarizadas.

• Los servicios de transporte automotor y trenes de pasajeros, para los cuales los usuarios pagan precios de pasajes que están regulados y que, en el caso de ferrocarriles y subterráneos, debían ajustarse anualmente a medida que se cumpliera un plan de obras.

• Las concesiones viales por las que se paga peaje, cuya adecuación también estaba sujeta a la realización de obras.

• El servicio ferroviario de cargas que tiene una fuerte deuda con el Estado por cánones impagos, al igual que Aeropuertos Argentina 2000 y el Correo Argentino. Se trata de concesiones que ya estaban en revisión y que el gobierno terminará obligado a separar del resto.

La comisión negociadora, que depende del ministro Jorge Remes Lenicov, está presidida por el secretario legal y amdinistrativo de Economía, Eduardo Ratti; el secretario coordinador es José Antonio Barbero, y está constituida por cuatro miembros que coordinarán un área específica cada uno.

Estos son: Guillermo Cappadoro, para energía eléctrica y gas; Osvaldo López Raggi, para agua y servicios sanitarios; Carlos Basco, para ferrocarriles, concesiones viales, aeropuertos, puertos y dragados, y Alfredo Debattista, para telefonía básica y correo. Intervendrán los secretarios de Energía, Alieto Guadagni; de Transporte, Guillermo López del Punta; de Comunicaciones, Jorge Sarghini, y de Obras Públicas, todavía no nombrado.

Asimismo participará, pero no intervendrá en las decisiones, el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y un representante de los usuarios, para lo cual fue elegido por las entidades Ariel Caplán, abogado de la entidad Consumidores Libres que logró varios fallos judiciales en contra de las privatizadas, especialmente las telefónicas.