18 de marzo 2002 - 00:00

Vuelve a regir la temida "Ley de Abastecimiento"

Vuelven los intentos dirigistas: el gobierno resucitó la temida "Ley de Abastecimiento", imponiendo sanciones de hasta un millón de pesos a los infractores. La norma data de 1974, cuando el ministro de Economía era José Ber Gelbard. La ley permite clausuras, sanciones económicas y hasta la intervención de la empresa que la viole. Quienes vivieron esas épocas recordarán que la aplicación de la "Ley de Abastecimiento" resultó justamente en lo contrario: desabastecimiento, alza de precios y mercado negro. La restitución de la ley -que había sido derogada en 1991 pero puesta nuevamente en vigencia en 1999- se suma a otras medidas intervencionistas preocupantes: la obligación para las cadenas comerciales de pagar a 30 días la compra de bienes perecederos y la declamada intención de crear una "canasta básica" de productos de consumo, desde ya con precios máximos. Todos intentos que no atacan la raíz del problema en la Argentina hoy: el desequilibrio fiscal y la consecuente suba del dólar.

¿Vuelven los controles de precios? La semana pasada, el Poder Ejecutivo actualizó los montos de las multas que pueden aplicarse a empresas que violen la denominada «Ley de Abastecimiento». Esta medida se sumaría a la anunciada conformación de una «canasta básica de alimentos» a precios «controlados», y la obligación para las cadenas minoristas de pagar a los 30 días los productos perecederos.

«Esto es muy preocupante, porque si bien las multas serían de aplicación a las grandes empresas proveedoras, y no a los comerciantes, el decreto constituye una injerencia sobre la actividad privada y la vuelta de prácticas intervencionistas que en el pasado sólo resultaron en desabastecimiento y mercado negro»
, dijo a este diario Osvaldo Cornide, titular de CAME (Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias).

• Recordatorio

En un comunicado que titulan: «¿Otra vez la ley Gelbard?» (en alusión a José Ber Gelbard, quien fuera ministro de Juan Perón en 1973 y años posteriores, y que impuso un rígido control con listas de precios máximos para prácticamente todos los transables), la entidad recuerda que las facultades de imponer sanciones y clausuras «habían sido suspendidas por Decreto 2284 de 1991, pero en 1999 recuperaron su plena vigencia por Decreto 722». La Ley de Abastecimiento data justamente de los años de Gelbard en Economía (1974), y la actualización de sus castigos prevé ahora multas de hasta un millón de pesos.

Según CAME, «la ley introduce un factor de inseguridad jurídica que desalentará aun más la inversión», y aseguran que hoy es suficiente -para eliminar distorsiones que pudieren causar las empresas formadoras de precios- la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.

Afirman además que la ley «es claramente inconstitucional porque prevé la clausura preventiva, que no sólo es una medida cautelar sino también una pena porque prohíbe de modo temporario el ejercicio de una actividad lícita, lo que viola el principio de legalidad».

• Preocupación

No sólo entre los comerciantes PyME preocupó la resurrección de esta controvertida norma, nacida en una Argentina inmersa en un clima de confrontaciones sectoriales difícil de imaginar para quienes no vivieron esos días. Así, fuentes del supermercadismo consultadas por este diario afirmaron que la sanción del decreto «es otra medida intervencionista; a pesar de que apunta a los proveedores más que a nosotros, de todos modos es un antecedente que preocupa».

Otro alto ejecutivo de una de las principales cadenas minoristas afirmó que «estas leyes y decretos lo único que hacen es alimentar todos los canales informales de la economía, y esto a su vez redunda en un caída aun mayor de la recaudación impositiva».

Lo que sí afecta de manera directa a los comerciantes y distribuidores es la obligación de abonarles la mercadería a los productores de perecederos en un plazo no mayor a los 30 días. «De nuevo, se meten en la vida privada de las empresas. ¿Cuánto falta para que me digan qué tengo que comprar, a cuánto tengo que comprarlo y a cuánto tengo que venderlo? Y ya sabemos cómo terminan estas iniciativas: el más perjudicado, por falta de productos, es el consumidor».

• Coincidencia

En lo que hace a la intención de lanzar una «canasta básica» a precios controlados, hubo coincidencia en que quienes deberán concertar con el gobierno son los proveedores. Pero es un hecho que la intención intervencionista del gobierno podría llegar a los comercios. «¿Qué hago si, por ejemplo, la harina debo venderla a un peso pero el fabricante me la quiere entregar a dos pesos? Sencillo: no la vendo... ¿Si el gobierno puede obligarme a venderla a ese precio? Bueno: que se arregle primero con el fabricante...», decía el supermercadista.

Sin embargo, esto podría abrir la puerta al temido mercado negro, que tuvo su auge en los días de Gelbard. Un empresario del sector, memorioso, pintaba un panorama negro:
«El queso costaba $ 10 el kilo; uno iba al almacén -porque no existían los híper, como ahora- y el almacenero le decía: 'A ese precio no tengo, porque es el queso común. Pero tengo del especial, que cuesta $ 45 el kilo; ¿lo quiere?' Si insisten con esta filosofía, quizá no estemos lejos de volver a esos tiempos».

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