Anulan fallo que obligaba a Macri a urbanizar una villa

Mauricio Macri, ayer en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, junto al senador nacional Alfredo de Angeli, en una jornada de campaña en la provincia donde el PRO intenta alianzas.

La Cámara porteña alivió a la administración macrista al revocar un fallo de primera instancia que obligaba a la urbanización de la villa de emergencia conocida como Rodrigo Bueno, que se encuentra en la Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió anular la resolución al sostener que no era una decisión que deba tomar del Poder Judicial la de "adoptar las medidas necesarias para la integración urbanística y social del barrio".

La causa la iniciaron habitantes de la villa, que se asienta en terrenos fiscales al considerar que podrían ser desalojados al crearse un programa de recuperación de terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur -lindera a la villa- "con el objeto de lograr soluciones habitacionales que garanticen la desocupación del predio", "mediante el otorgamiento de un subsidio o un mutuo con garantía hipotecaria" . Según los amparistas, las sumas ofrecidas no permitían cubrir las inversiones realizadas en las viviendas, ni acceder a viviendas nuevas.

En primera instancia, la jueza Elena Liberatori había dispuesto la nulidad de las normas cuestionadas y declaró inconstitucional el límite sur de la reserva, por haber omitido la preexistencia del barrio.

Los jueces de la Cámara, Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima sostuvieron en el planteo central que "es el Poder Legislativo, en primer término, quien tiene la potestad constitucional de diseñar la urbanización de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la participación ciudadana impuesta a través del mecanismo de la doble lectura".

Además dijeron, con respecto a que el derecho a la vivienda se encontraría resguardado por la urbanización del asentamiento y no con subsidios, que en tanto el predio es un bien del dominio público, "la posesión aparentemente pacífica no se torna en título hábil para reclamar la propiedad".

"Que quede claro: aquí no se desconoce el derecho a la vivienda digna ni se impulsa la actuación de la Administración en determinado sentido. Lo que surge de estas actuaciones es que no se ha probado que exista un derecho a que se adopte la específica solución que se pretende, susceptible de ser dispuesta por el Poder Judicial. En este sentido, los tribunales deberían tener siempre presentes los límites de su jurisdicción para evitar que con sus propios excesos contribuyan a agravar los problemas, invadir la órbita de actuación de los otros poderes del Estado y generar falsas expectativas en relación con supuestas soluciones inaceptables e improponibles en nuestro sistema constitucional", concluyeron los jueces.