Magistratura analizará patrimonio de Enrique Lavié Pico. Complica a Casa Rosada con fuero Contencioso (clave).
Elisa Carrió y Daniel Angelici
La socia de Cambiemos, Elisa Carrió se anotó un triunfo en su guerra interna con el presidente de Boca Juniors, Daniel "Tano" Angelici y complicó al propio Gobierno al lograr que el Consejo de la Magistratura se embarque en una investigación contra el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico.
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Resistida en un principio por un sector del bloque oficialista en el órgano de selección y remoción de jueces, expuso una fractura que puede dañar la relación idílica que la Casa Rosada atraviesa con ese fuero estratégico, que tal como detalló Ámbito Financiero, es el garante de gobernabilidad para la gestión de Mauricio Macri.
Patrimonio
La avanzada contra el magistrado es por su patrimonio y emergió a raíz de un fallo que benefició a los dueños de Bingos con una exención impositiva que fue luego revertida.
Tras su paso en falso, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura solicitó una serie de medidas de prueba en la causa en la que está siendo investigado el magistrado. Para colmo, tras el cisma interno que encontró desorientadas a las espadas macristas en la justicia, como Pablo Tonelli -que pugnaba por tomar las medidas de rigor en cualquier investigación por mal desempeño- Carrió amplió su denuncia contra Lavié Pico y apuntó a una serie de bienes que el magistrado poseería.
Recién ayer, la Comisión de Acusación pidió las declaraciones juradas del juez, incluso los anexos reservados con aval de la mayoría de sus miembros. La excepción fue el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, quien se opuso. Esto le valió un encontronazo con la representante de los abogados capitalinos, Adriana Donato, quien en una semana mutó su oposición y le dio luz verde al requerimiento. Eso podrá deparar consecuencias en la frágil alianza en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) entre Jorge Rizzo -a cuyo liderazgo responde Donato- y Angelici.
Pruebas
Las medidas de prueba fueron más profundas: se requirió al registro de la Propiedad Inmueble los cambios de domicilio de Lavié Pico; al registro del automotor los vehículos que tiene a su nombre. Y también se pidió al Banco Central que informe sobre resúmenes de cuentas bancarias y sus correspondientes movimientos en cualquier entidad del país. A la Dirección Nacional de Migraciones se le encargó las salidas y entradas al país del juez. Toda esa información desde el 2007, con lo que se abarca un período de investigación patrimonial de más de una década. Ni en el caso del camarista Eduardo Freiler -al que el oficialismo había apuntado desde un comienzo- decidieron remontarse tanto en el tiempo.
Escudo
La embestida a Lavié Pico llega en momentos en que al Gobierno lo desvela poder blindar su estrategia de "escudo anticautelares" por los aumentos tarifarios. El juez es el que ha permitido avanzar en una discutida doctrina que apunte a centralizar cualquier planteo colectivo contra el tarifazo, pero además neutralizar eventuales medidas cautelares adversas. El Ejecutivo ya le debe dos decisiones favorables: haber corrido del Consejo al senador kirchnerista Ruperto Godoy (lo que facilitó la salida de Freiler) y avalado el desembarco de Tonelli. Pero el juez también fue protagonista del amparo que pidió la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco para evitar jubilarse a los 75 años, además de detener nombramientos que había impulsado la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó.
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