• DECENAS DE CAUTELARES DE EMPRESAS ESPERAN EN LA CORTE SUPREMA Se convierte en la primera provincia en terminar con sobre-alícuota de Ingresos Brutos. Compensará con suba a impuesto al juego.
Juan Schiaretti
El gobernador Juan Schiaretti, dispuso "eliminar" a partir del 1 de enero de 2018, la "aduana interna" en el impuesto por Ingresos Brutos con el fin de "respaldar la producción cordobesa" y ponerle freno, además, a las más de 80 medidas cautelares interpuestas por distintas empresas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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La decisión también servirá como prenda de negociación en la discusión que se viene entre la Nación y los gobernadores por la reforma tributaria y la pretensión de la Casa Rosada de que las provincias avancen hacia una reducción de la presión fiscal. Ese tironeo será parte también del "toma y daca" en la pulseada por la eliminación del tope al Fondo del Conurbano que encabeza la bonaerense María Eugenia Vidal.
La polémica tasa implica que a los productos industriales que vienen de otras provincias y que son insumos para la producción de Córdoba o para la venta por parte de comerciantes locales, debían pagar una sobre-alícuota de Ingresos Brutos.
Los costos fiscales de su eliminación serán compensados con un aumento del impuesto al juego y con mejoras en la eficiencia de la administración tributaria, según se explicó ayer.
La medida, que estará contemplada en el proyecto de Presupuesto 2018, fue anunciada luego de una reunión de gabinete -la primera tras la derrota electoral del domingo- que encabezó el propio Schiaretti.
En rigor, la antipática medida fiscal se aplica en distintos estados subnacionales, y acumula decenas de causas judiciales por parte de las empresas, muchas de las cuales se encuentran muy avanzadas en la Corte Suprema de Justicia.
El caso más reciente es el de Bayer, en la provincia de Santa Fe, que ya tiene dictamen favorable de la Procuración que consideró que el cobro de la alícuota del 3,5% por las actividades de comercialización de productos elaborados en plantas industriales radicadas fuera del territorio provincial es ilegítimo e inconstitucional.
Este cobro de alícuotas diferencial o superposición es duramente resistido por el sector empresario que lo considera una "aduana interior" y señala que existe en su aplicación una "discriminación" que viola la Constitución.
En efecto, el máximo tribunal ya otorgó una decena de medidas cautelares -aunque todavía resta resolver la cuestión de fondo- en causas como "Harriet y Donnely S.A. c/ Provincia del Chaco" , "Droguería del Sud S.A. c/Provincia de Buenos Aires, s/acción declarativa de certeza", "Telecom Argentina c/Santa Fe, provincia de s/Acción declarativa de certeza" , "Torres e Hijos S.A. c/Córdoba, entre otras.
El único distrito que, por ahora, queda por fuera del radar de la Corte es la Ciudad de Buenos Aires, porque el máximo tribunal entiende que no es una provincia y, por lo tanto, las empresas deben materializar su queja por este cobro extra en los estamentos administrativos y judiciales locales.
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