Corte lanza su paritaria (primer aumento, el 10%)

Ricardo Lorenzetti y Jorge Capitanich

 La Corte Suprema de Justicia le requirió ayer al Gobierno una reasignación presupuestaria con el objetivo de conceder un aumento del 10% a todos los empleados del Poder Judicial. Solicitud que llega en el momento justo, cuando en el sindicato ya comenzaban los reproches por la falta de novedad en materia salarial. En paralelo continuarán las conversaciones con Jorge Capitanich para definir el financiamiento del Consejo de la Magistratura.

El pedido se realizó a través de una nota dirigida al jefe de Gabinete (es quien debe dar luz verde) firmada por los siete integrantes del máximo tribunal. La misiva consignó que la Corte espera una "resolución favorable" al pedido de incremento del presupuesto a 110.000.000 y 700.000.000 de pesos para ese tribunal y el Consejo de la Magistratura de la Nación, respectivamente.

Capitanich ya es visto en la Corte y en el Consejo como la antítesis absoluta de su antecesor, Juan Manuel Abal Medina, a quien prácticamente nunca llegaron a conocer del todo. El ministro coordinador se encuentra inmerso en las cuestiones presupuestarias, visitó a los ministros en diciembre, realiza consultas fugaces a técnicos de la Corte y es el único interlocutor en las reuniones dedicadas a la economía del Poder Judicial. Mientras tanto, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Julián Álvarez, exhibe, en esos encuentros, un mutismo cuanto menos llamativo para alguien que ha expresado tantas ideas sobre lo que debe ser, y lo que no, la Justicia.

Ayer la Corte autorizó además a la jueza María Laura Garrigós de Rébori a participar en la agrupación Justicia Legítima. No debe entenderse necesariamente como una señal. Ricardo Lorenzetti suele defender la idea de que los jueces deben estar "de frente" a la sociedad por lo cual la participación en organizaciones de la sociedad civil, así como también el ejercicio de la docencia, son actos bien vistos en la Corte de estos días (por eso también se autorizó al juez civil Osvaldo Onofre a integrar la Asamblea del club River, privilegio que también supo tener, años atrás, el exjuez federal Carlos Liporace).

Además, tanto Garrigós de Rébori como la procuradora general Alejandra Gils Carbó han moderado sus posturas reformistas. De hecho, en los últimos días la primera emitió, en su despacho, algunos comentarios de actualidad similares a los que deslizaba en 2008 cuando animaba largas tertulias en el cuarto piso de la calle Talcahuano. Eran tiempos en los cuales, según su óptica, la Justicia no era "oscurantista" ni "poco legítima".

La decisión igualmente exalta la política de los jueces que tienen por delante dos elecciones: la de la Asociación de Magistrados y la del Consejo de la Magistratura. La incertidumbre es mayor desde que existe la posibilidad de que la lista bordó (crítica de la política judicial del Gobierno) se divida.

Ocurre que el camarista laboral Gregorio Corach, cercano al actual presidente del gremio Luis Cabral, se encuentra analizando el lanzamiento de un nuevo espacio de jueces que le disputaría la elección al candidato que Cabral eligió para sucederlo, el juez Diego Barrotaveña, quien lleva consigo el concepto de la renovación generacional y tiene el apoyo además del juez Miguel Caminos, otro bordó de peso. Corach está midiendo sus chances con la idea de apartarse de la lista bordó (actualmente es secretario de la Asociación) y lograr acuerdos amplios con jueces de distintas tendencias y filosofías. Heterogeneidad que podría resultar atráctiva en las urnas.