Cristina y oposición en cumbre de la UIA

Hoy el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, junto con José Ignacio de Mendiguren (secretario) y Federico Nicholson presentarán la XVI Conferencia Industrial Argentina. Allí los tres dirigentes anunciarán que Cristina de Kirchner cerrará el encuentro el viernes al mediodía, y que un día antes pasarán por el estrado todos los jefes de la oposición y también del PJ «oficial»: el gobernador Daniel Scioli y el jefe del bloque del FPV Agustín Rossi, el radical Ernesto Sanz, el socialista Rubén Giustiniani, Fernando Solanas y los peronistas disidentes Juan Carlos Romero y Adolfo Rodríguez Saá. Los industriales, en este último caso, les dieron a elegir a los integrantes de la mesa del PJ Federal, y las designaciones recayeron en el salteño y el puntano. La única que no confirmó si asistirá es Elisa Carrió.

También hablarán los ministros Amado Boudou (Economía) y Débora Giorgi (Industria), más otros funcionarios con rango de secretario y subsecretario, lo que da la pauta de que para el oficialismo se trata de un evento «amigable».

La confirmación de su presencia se la dio Cristina de Kirchner a Méndez y Mendiguren durante los días que compartieron en Seúl, en la reunión del G-20. Allí la mandataria, además, habría dado alguna señal de que podría realizar algún anuncio de importancia en lo que hace a oficializar la negociación por «paz social» que iniciaron los industriales con Hugo Moyano (pero que ya fue traicionada por el camionero).

En paralelo, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, convocó a discutir mañana su controvertido proyecto de ley de distribución de utilidades. Debería concurrir buena parte de los integrantes del Grupo de los Siete, que componen el campo, los bancos, los industriales, la Bolsa y las cámaras de Comercio y de la Construcción. Hasta ahora la única entidad que ya oficializó su ausencia es la Cámara Argentina de Comercio que preside Carlos de la Vega.

Cabe apuntar que no todos los miembros del G-7 están de acuerdo: hay quienes dicen en su seno que -en caso de que avance este preocupante proyecto- no faltará quien los acuse de no haberse hecho escuchar cuando tuvieron la oportunidad.

De todos modos, entre los empresarios existe la sensación de que en el Gobierno no se ve con buenos ojos la denominada «ley Moyano», que -aseguran- podría tener como consecuencias graves la instauración de un sistema de cogestión en las empresas, la creación de una «industria del juicio comercial» y hasta la venta de secretos industriales a los que tendrían acceso los representantes gremiales en los directorios.