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Duro primer round por el gremialismo policial
El encuentro se llevó a cabo en el cuarto piso de Tribunales, ante la presencia de los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, y contó con la participación de representantes gremiales y del Gobierno.
Tal como se esperaba, el representante del Ministerio de Trabajo se manifestó en sintonía con el dictamen de la Procuración General y pidió a la Corte fallar contra el gremialismo de los uniformados.
El abogado Norberto Ciaravino explicó que la sindicalización policial "es incompatible" con la estructura vertical de las fuerzas de seguridad.
Para el kirchnerismo es un asunto sensible, más aún a partir de los amotinamientos policiales de diciembre de 2013. En la doctrina del oficialismo, las fuerzas policiales son asimiladas como potenciales actores de desestabilización del orden constitucional. En ese sentido esa línea de pensamiento se remite al fallido golpe contra Rafael Correa en Ecuador, que fue perpetrado por la Policía, y al golpe contra Manuel Zelaya en Honduras, que tuvo la misma modalidad.
"No hay una ley que habilite esa posibilidad", dijo Ciaravino, a lo que Ricardo Lorenzetti replicó: "¿Por qué no hay ley?". "Está la Constitución nacional", acotó el ministro Juan Carlos Maqueda. "Yo represento al Poder Ejecutivo, no al Legislativo", respondió Ciaravino, y recordó que el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impone como requisito para la agremiación la existencia de ley específica.
El Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) se ampara en el artículo 14 bis de la Constitución nacional para reclamar por el derecho a la asociación sindical.
"El policía está en la misma situación de sometimiento que el obrero del siglo XIX", se lamentó durante su alocución Luis Alberto Lugones, representante legal de SIPOBA.
A su turno, y bajo la figura de "amicus curiae" de los uniformados, el diputado por el Frente Renovador, Facundo Moyano, indicó que "la sindicalización es un salto de calidad", ya que "existe la necesidad de contar con un ámbito institucional para canalizar conflictos".
