Escuchas: apelación e intrigas animan trámite

El fiscal federal Jorge Di Lello apeló ayer la decisión del juez Sebastián Casanello de no enviar a juicio oral a Mauricio Macri en la causa de las supuestas escuchas ilegales. Sostuvo que durante la instrucción quedó probada la conexión entre el exjefe policial Jorge Palacios -quien deberá someterse a un juicio oral - y el jefe de Gobierno porteño.

"No es ocioso señalar que al disponer el juez apartar a uno de los integrantes de la asociación ilícita y la elevación a juicio de los restantes, se estaría violentando la garantía de defensa en juicio del involucrado, toda vez que éste se hallaría en un futuro inmediato en la tesitura de tener que enfrentar un juicio en soledad, sin poder contar con la investigación integral de la hipótesis delictiva que comparte con sus consortes", expuso en su escrito el fiscal.

La resolución del juez más joven del fuero federal ofrece perspectivas que van más allá de las especulaciones políticas. Casanello aportó valor, en un giro absolutamente innovador, a esa instancia crítica que sirve como transición entre la instrucción de una causa y su debate en el juicio oral. Se trata de la instancia intermedia que en el Código Procesal Penal actual tiene bajo handicap porque está a cargo del mismo juez que realiza la investigación cuya imparcialidad siempre será dudosa al momento de sopesar las evidencias recabadas.

El tan reclamado paso hacia un sistema acusatorio en el cual el fiscal investiga y el juez resguarda garantías (actualmente ambas funciones confluyen en el segundo) también contempla la introducción de un juez exclusivo para la etapa intermedia.

La causa de las escuchas se anticipó a esas reformas estructurales. Casanello desembarcó en su juzgado cuando Norberto Oyarbide ya había dado la instrucción por finalizada. Revisó el trabajo realizado por el juez y encontró, como era de esperarse, decenas de irregularidades, especialmente arbitrariedades fácticas incurridas al momento de buscar evidencias que comprometan al alcalde.

El caso retrata además una cuestión de fondo en los tribunales de Retiro: el común de los jueces de primer instancia no desea resignar atribuciones ante los fiscales. Para los magistrados más antiguos no será algo novedoso: hasta la década del 90 era habitual la figura de los jueces correccionales que realizaban la instrucción, elevaban la causa y ellos mismos dictaban sentencia. Todo cambio con la llegada de los tribunales orales luego de fallo Llerena de la Corte Suprema.

La resolución llegó en un momento complejo para Oyarbide, cuando se encuentra en el centro de un escándalo que lo vincula a policías, funcionarios y supuestos sobornos para frenar allanamientos (ver nota aparte). Casanello, al igual que los jueces de la Cámara Federal en otras ocasiones, dejó al descubierto los problemas del juzgado de Oyarbide al momento de incursionar en magacausas: ocurrió lo mismo con la trama Schoklender y con el expediente de los pasaportes italianos truchos otorgados a futbolistas.