GM: guerra legal entre la empresa y acreedores

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Nueva York - General Motors (GM) será liquidada si su propuesta para vender activos no es aprobada por el juez de quiebras de esta ciudad, pese al argumento de un grupo de bonistas disidentes de que puede seguirse otro curso, reiteró ayer el abogado que lidera la convocatoria de acreedores de la automotriz estadounidense.

La empresa cerró ayer el tercero y último día de su audiencia para la venta en la Corte estadounidense de bancarrotas de Manhattan, pidiendo al juez Robert Gerber la aprobación para vender sus mejores activos a una Nueva GM fundada por el gobierno de Barack Obama.

En este marco, un grupo de tenedores de bonos disidente calificó la venta como el primer intento de una «nacionalización del Capítulo 11» (el artículo de la Ley de Quiebras de EE.UU. que permite a las empresas acogerse al concurso preventivo para protegerse de pedidos de bancarrota) y dijo que debería ser bloqueada debido a que el Gobierno estaba tratando de eludir las previsiones de esa norma.

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Sin embargo, Harvey Millar, apoderado legal de GM en esta causa, le manifestó al juez Gerber que cualquier sentencia que no sea la aprobación de la venta tendrá «consecuencias catastróficas e irreversibles» tanto para su representada como para la industria automotriz de Estados Unidos.

«Los objetores están pidiendo a su señoría que juegue a la ruleta rusa», dijo Millar al magistrado, en respuesta a los reclamos del grupo de bonistas acerca de que GM puede considerar un plan de reorganización más tradicional del Capítulo 11 en lugar de una venta de vía rápida.

«Se trata de activos cuyo valor se deteriorará, y el deterioro lo sentirán todos los accionistas», dijo Millar, y destacó que las ventas de autos en junio publicadas esta semana mostraron que GM perdía participación de mercado a manos de Ford.

Esta semana, Fritz Henderson -CEO de GM- y Harry Wilson, un miembro senior de la «task force» para el sector automotor designada por Obama, adujeron ante el juzgado que la venta es la única opción para su supervivencia. Henderson admitió que la firma no generará caja en 2009.

Si el acuerdo se aprueba, la nueva GM planea operar las mejores partes de la vieja empresa, o sea Chevrolet, GMC y Cadillac, con una fuerza laboral menos cara, una red de distribuidores más pequeña, y mucha menos deuda. La GM residual, que incluiría las marcas menos populares y las fábricas y pasivos no necesarios, sería liquidada en ese juzgado comercial.

Antes del alegato de Millar, su colega Michael Richman -que representa a un grupo que se llama a sí mismo el Comité no oficial de Familiares y Acreedores Disidentes de GM- argumentó que la venta no había sido negociada como una operación legítima a un tercero independiente. En cambio, sostuvo que el Gobierno determinó que sería necesario hacer una «oferta de compromiso» para favorecer a las partes, como el sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos, y luego decidió el precio de venta. Richman dijo que «no es creíble» que el Gobierno de Estados Unidos vaya a entregar GM luego de inyectar a la empresa miles de millones de dólares de respaldo. El abogado pidió al juez que «desmienta el bluf» de que el Gobierno se retirará de la firma si no se llega a un acuerdo antes del 10 de julio.

No obstante, GM dijo que los tenedores de más del 50% de los bonos de la empresa respaldan la venta y que un abogado de Wilmington Trust, el fideicomiso por contrato que nuclea gran parte de los bonos de GM, sostuvo que sus clientes no estaban interesados en asumir el riesgo de entrar en un plan de reorganización que reduciría aún más la recuperación de los bonistas.

Según los términos del acuerdo, el Tesoro de Estados Unidos aportará u$s 60.000 millones en financiamiento para la nueva empresa, incluidos los u$s 50.000 millones que le darían al Estado una participación del 60% en la empresa.

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