Gobierno presiona para garantizarse conjueces por 6 años

Ricardo Lorenzetti y Alejandra Gils Carbó

 El kirchnerismo redobla su estrategia judicial: analiza y prolonga un largo debate en la Bicameral que debe despachar cinco leyes clave para implementar el Código Procesal Penal y el nuevo marco para el Ministerio Público Fiscal en cabeza de Alejandra Gils Carbó y, mientras tanto, contraataca con un proyecto para regular el régimen de subrogancias para todos los tribunales, federales o nacionales, salvo la Corte Suprema.

Se trata del régimen para cubrir cargos vacantes en juzgados a través de una lista de funcionarios judiciales o de conjueces (abogados de la matrícula). El centro de este nuevo avance del Gobierno consiste en otorgarles mayores atribuciones a los secretarios de las distintas instancias, que actualmente, según las últimas acordadas de la Corte, quedan relegados por jueces con acuerdo del Senado. En palabras llanas: ante una suplencia, la Corte siempre prefiere ocuparla con un magistrado y no con secretarios o abogados. Por eso, en diversas instancias se convoca a jueces jubilados, antes que a estos últimos.

El proyecto del Poder Ejecutivo, ingresado por el Gobierno hace 15 días, para reformular el régimen de subrogancias, encierra dos asuntos decisivos.

Por un lado, le confiere a la Escuela Judicial el armado de listado de conjueces que luego deben ser aprobados por el Senado. Esa entidad hoy está bajo la influencia de la Corte, con la dirección de Claudia Levin, cercana a la UCR. El kirchnerismo, que actualmente controla el Consejo, está preparando una intervención a esa oficina que va en paralelo a su pleito con Ricardo Lorenzetti.

Por otra parte, el proyecto les otorga a los secretarios de los juzgados las mismas posibilidades de ser conjueces y de subrogar que a los abogados matriculados. Detrás de ese giro se esconde la inquietud del kirchnerismo ante la posibilidad de una acordada de la Corte que invalide la designación de Laureano Durán en el juzgado electoral de la La Plata que controla la elección en el distrito más taquillero.

El proyecto establece que corresponde al Consejo de la Magistratura la "designación de los jueces subrogantes en todas las instancias, fueros y jurisdicciones inferiores de la Corte Suprema", sin perjuicio de que se delegue por razones operativas en las cámaras respectivas cuando se trate de subrogancias por períodos de hasta 60 días.

Una vez aprobado, la Comisión de Selección de Magistrados deberá elaborar una lista de conjueces integrada por 20 abogados y 20 secretarios. Se someterán al plenario del Consejo y, una vez aprobada la lista, pasarán al Poder Ejecutivo para que éste la envíe al Senado para solicitar el acuerdo.

Esa lista deberá elaborarse cada seis años, por lo que el Gobierno se garantiza la estabilidad de su lista de conjueces por ese período.

Lejos todavía de esa batalla que se aproxima, ayer volvió a sesionar la Bicameral de control del Código Procesal Penal. Julio Piumato se quejó por no haber sido consultado su sindicato, "como sí fueron consultados jueces y fiscales", como si la cuestión se tratara de una paritaria. También exigió concursos para todos los cargos judiciales.

Rodolfo Pociello Argerich, presidente de la Cámara Nacional del Crimen, apoyó, pero sin estar de acuerdo en el procedimiento de implementación que comenzará con la Justicia Nacional y relegará para más adelante la aplicación de los cambios en la Justicia Federal.