Interna en tribunal por declaraciones de jueza

Fue un fin de semana de tensiones en el Tribunal Oral Federal número 6, luego de que una de sus integrantes, María del Carmen Roqueta, se pronunciara sobre la imputación del fiscal Gerardo Pollicita a Cristina de Kirchner por presunto encubrimiento de la pista iraní en el caso AMIA.

"Sólo hay una denuncia sobre personas a las que eventualmente se les podría imputar la comisión de uno o varios delitos, pero en realidad no hay imputación en términos jurídicos", expresó Roqueta, para luego agregar que "se trata de un juego de palabras. Por eso en el derecho penal hay que ser muy estrictos con los términos y con las conductas de las personas", consideró la magistrada.

Reflexiones

Estas reflexiones brindó la jueza en una entrevista con el área de prensa de la Facultad de Periodismo de La Plata, donde es habitual elogiar la política comunicacional de países como Venezuela.

En ese marco, Roqueta dijo que "mediáticamente la imputación suena más fuerte que la denuncia formulada por el exfiscal Alberto Nisman, pero aquí, en principio, no hay ningún elemento novedoso".

Declaraciones que sorprendieron en el ámbito de los jueces de los tribunales federales. Roqueta integra el tribunal junto con José Martínez Sobrino (de la lista bordó, crítica al kirchnerismo) y Julio Panelo (del grupo Compromiso Judicial).

Las reflexiones de Roqueta se enmarcan en comentarios que ya son habituales para quienes se desempeñan en el Tribunal Oral Federal número 6, donde en los últimos meses, gracias a Roqueta, ingresaron diversos funcionarios provenientes del kirchnerismo juvenil.

Giros del destino: Roqueta llegó a su cargo luego de desempeñarse en el Poder Ejecutivo durante la administración de Carlos Menem. Fue promovida por el entonces ministro Carlos Corach a los tribunales orales y era una defensora audaz de las acciones de dicho Gobierno, así como de su política judicial.

Sin embargo, los últimos años la encontraron cercana al kirchnerismo, al punto de prácticamente negar su participación en cargos públicos en los años noventa, una sobreactuación que tocó su techo cuando durante un juicio oral a la exministra María Julia Alsogaray decidió no concederle permiso para asistir al entierro de su padre. En ese momento, dijo que temía que Alsogaray se fuera del país.