La Corte ordenó devolver retenciones a empresa

Apuntó contra el código aduanero. Diferencias en el fondo. Votó el gremio

Juan Carlos Maqueda

La Corte Suprema de Justicia declaró ayer la inconstitucionalidad de las retenciones aplicadas, entre marzo y agosto de 2002, a una empresa pesquera porque no habían sido dispuestas por una ley decidida en el Congreso. Todos los ministros coincidieron en que el Poder Legislativo es el único que puede resolver en materia de tributos. El fallo marca un antecedente negativo para la voluntad del Poder Ejecutivo de reglamentar normas, tanto para el actual Gobierno como para los que vengan. El efecto de la resolución se verá en breve. Ocurre que son variadas las leyes que fueron delegadas en el Ejecutivo.

La Corte atraviesa una temporada signada por fallos grises de tinte estructural (administrativos, tributarios, penales, etc.) y que no obedecen a reyertas más propias de la arena política, como sucedió en 2013 (ley de medios, reforma judicial, reelección en Santiago del Estero).

Una tendencia que ayer se reiteró y que tuvo como destinatarios al Ministerio de Economía y a los abogados de la AFIP. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni establecieron que la invalidez de las retenciones a la firma pesquera se limita a un lapso comprendido entre marzo y agosto de 2002, porque luego el Congreso sancionó una ley específica convalidando el tributo. Ahora el Estado deberá devolverle a la empresa los impuestos pagos durante ese intervalo.

Previo a la reforma de la Constitución de 1853, era una práctica legislativa frecuente la delegación impropia de facultades legislativas en una repartición pública. Por eso fue uno de los issues de la reforma constitucional de 1994 poner límites a esa práctica legislativa. Con ese objetivo se incorporó el artículo 76 de la Constitución, que prohíbe como principio general la delegación legislativa, excepto en materias de administración y de emergencia, y se impuso al Congreso la misión de revisar toda la legislación de esa índole.

Entre la normativa considerada como legislación "delegante" se encontraba el Código Aduanero de 1981. El fallo de ayer señaló con absoluta contundencia que el Código Aduanero es una ley "delegante" que no puede superar el test de constitucionalidad ya que, según los artículos 4 y 17 de la Constitución, sólo el Congreso "impone contribuciones".

El fallo de ayer cumplió una tarea que el Congreso dejó inconclusa en agosto de 2010. Se trataba de seleccionar qué leyes eran "delegantes" y cuáles no. La discusión nunca prosperó y luego el tema salió de agenda.

Ayer los abogados del Gobierno repasaron la resolución cortesana. El paso de las horas confirmó las peores impresiones no sólo porque según el fallo el Código Aduanero es inconstitucional en cuanto confiere facultades tributarias al Poder Ejecutivo. Las primeras lecturas interpretaban que habrían desaparecido del mundo jurídico las leyes "delegantes". Uno de los abogados le llevó un número inquietante a la procuradora del Tesoro, Angelina Abona: le dijo que esa situación abarcaría más de 2.500 leyes que tratan sobre diversas materias (el escenario más preocupante se refiere a las normas de seguridad, asunto candente en la agenda de los últimos días).

Todos los reglamentos delegados dictados con anterioridad al 24 de agosto de 2009 tienen jerarquía de ley por efecto de la ratificación legislativa. La constitucionalidad de las leyes posteriores quedó ayer en duda.

Asuntos macro anoche convivían con detalles más propios de la política llana, como las elecciones en el gremio de los empleados judiciales. El moyanista Julio Piumato ganó con la habitual tranquilidad a pesar de los intentos (sin éxito) que esbozó el kirchnerismo juvenil en la ciudad de Rosario. Piumato es un hombre clave para las negociaciones salariales que se rubrican en la Corte.