Ley de responsabilidad oculta pelea por la reforma al Código

Julián Domínguez, Miguel Pichetto y Marcelo Fuentes. La misma línea que defiende el nuevo Código Civil de Cristina de Kirchner deberá armar ahora mayoría para la ley de reponsabilidad civil del Estado.

Las peleas por el Código Civil entre kirchnerismo y oposición perderán protagonismo desde mañana. No es que exista acuerdo unánime sobre esa reforma, todo lo contrario. Cada bloque llegará este miércoles a la Bicameral con un dictamen propio (ver nota aparte), pero el campo de batalla elegido desde ahora será la eliminación en el Código Civil del tratamiento de la responsabilidad ante los particulares por actos u omisiones del Estado y la sustitución por un proyecto de ley que desde mañana debatirá un plenario de comisiones.

La intención del kirchnerismo es votar en la última sesión del año ese proyecto, que regula la responsabilidad del Estado ante demandas civiles, con la firma del dictamen que se producirá mañana en el plenario de comisiones.

El kirchnerismo ya convocó a una reunión para las 11 a todos los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para debatir y firmar los dictámenes para que estén habilitados para la sesión que prevista para dentro de diez días.

El Gobierno no tiene demasiado tiempo: hasta el miércoles se pueden emitir los dictámenes que entrarán en la agenda de la sesión del 27 de noviembre en Diputados, es decir, a tres días de que finalice el período ordinario, dado que el 10 de diciembre se producirá la renovación parlamentaria y caen los despachos que no se trataron en los últimos dos años.

El kirchnerismo armará su mayoría con aliados como Nuevo Encuentro, los santiagueños del Frente Cívico que responde al gobernador Gerardo Zamora, los neuquinos que se referencian en el mandatario Jorge Sapag y los pampeanos del PJ que acompañan al Gobierno kirchnerista de Oscar Jorge. Es decir, los 109 diputados propios y una veintena que acompañan para lograr el quórum y luego mayoría simple para votar el proyecto.

La iniciativa establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de "manera directa o subsidiaria".

Ademas, fija que "el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada".

Establece, también, que "la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los dos años".

Para la oposición es el campo de batalla ideal. El radicalismo ya anunció no sólo que no lo apoyará en el debate del proyecto, sino que sostendrá en la Bicameral de reforma del Código Civil que la exclusión de la responsabilidad civil del Estado de ese código es incompatible con cualquier acuerdo.

Lo adelantó el presidente del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, que en estos días se despide del cargo: "Nosotros sostenemos que la responsabilidad del Estado debe ser regida por el derecho civil y no administrativo".

Esa diferencia en el tratamiento de la responsabilidad es la que el Gobierno utilizó en el proyecto adicional (ver nota aparte).

El PRO, en boca de Pablo Tonelli, adelantó: "La posibilidad de que el Estado no responda cuando provoque daños a las personas es ridícula" .