Magistratura: oficialismo apura expedientes clave

Daniel Rafecas

La feria veraniega no da descanso en el Consejo de la Magistratura, donde ayer se reavivó la embestida contra el camarista de la Casación Penal federal Eduardo Riggi mediante un escrito presentado por un think-thank cercano al Gobierno. El documento le da nuevos bríos a aquellos consejeros del oficialismo que pretenden una acción contra el juez a partir de su supuesta participación en una trama de sobornos vinculada a la causa por el crimen del activista Mariano Ferreyra.

Si bien las oficinas del Consejo se encuentran en un silencio casi absoluto, las conversaciones sobre temas sensibles que allí acontecerán durante 2014 animan todo tipo de conversaciones y encuentros en pleno receso estival. El caso de Riggi tiene una motivación especial para el sector del kirchnerismo que promueve un avance sobre la Casación Penal federal cuyo último desaire fue la decisión de que ni siquiera se considerará el listado de conjueces que el Gobierno votó en el Senado (en febrero habrá otros).

El expediente contra Riggi en el Consejo encuentra su origen en la investigación del crimen de Ferreyra donde la jueza Wilma López investigó, a partir de cruces telefónicos, una supuesta trama de sobornos para favorecer en la Casación la excarcelación del sindicalista José Pedraza. Se abrió un caso en el fuero federal y Riggi, a diferencia de Pedraza, no fue procesado por el juez Luis Rodríguez. La investigación tuco como consecuencia que el secretario de la Casación Luis Ameghino Escobar fuera cesanteado.

Complicaciones

En tanto la oposición en el Consejo se dedica a la búsqueda de nuevos datos y avances que compliquen el caso del juez Norberto Oyarbide a quien la feria encuentra en el centro de una espinosa trama de supuestos pedidos de coima que se habrían desarrollado desde su juzgado y cuyas víctimas serían unos financistas que denunciaron haber recibido pedidos de sobornos por parte de policías que alegaban responder a Oyarbide. El trámite devino en que al secretario del juzgado de Oyarbide, Carlos Leiva, le fuera retirada la firma y además en el despido de otra secretaria. No se descartan nuevas salidas o al menos es lo que se menciona en la Cámara Federal donde tiene lugar un sumario sobre el personal del polémico magistrado y su actuación en dicho expediente.

Estos casos se incorporan a la situación del juez federal Daniel Rafecas, que es investigado por los mensajes de celular que intercambió con un abogado de la trama Ciccone mientras estaba a cargo de ese expediente. En su descargo, Rafecas negó los cargos y adujo que ese intercambio de mensajes con el letrado no estaba relacionado con las "decisiones jurisdiccionales", es decir la causa de la cual fue apartado de inmediato. En febrero habrá además nuevas certezas sobre la causa contra el camarista civil Diego Sánchez denunciado por supuesto "mal desempeño en sus funciones" y que se hizo conocido cuando tildó de "brujas" a sus compañeras de Sala, Patricia Barbieri y Ana Brilla de Serrat, en notas y en sentencias.