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Magistratura reforma sistema de contrataciones
Luis Cabral
El reglamento de contrataciones regula en un único instrumento todas las cuestiones vinculadas a la contratación de bienes y servicios y deja atrás la utilización de normas derogadas como la Ley de Contabilidad y su reglamento que data de la década del 70.
Impulsada desde la Administración General actualmente a cargo de Claudio Cholakian, la reforma encuentra sintonía con la cantidad de acciones operativas que deberá asumir la Magistratura cuando se deba efectivizar la instalación del modelo acusatorio que dispone el nuevo código Procesal Penal.
El proyecto supervisado por Cholakian (que integra la corriente Justicia Legítima) contó con el apoyo de los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes que suelen explicitar un estilo más confrontativo para con el oficialismo. Al momento de la votación en el pleno recibió apoyo unánime.
La reforma es clave para las empresas interesadas en prestar servicios al Poder Judicial porque instaura una serie de adelantos tecnológicos, como por ejemplo, que de ahora en más todos los pliegos podrán descargarse gratuitamente desde la página de internet del organismo.
El texto aprobado contiene un capítulo específico sobre transparencia en las contrataciones, que amplia las revisiones en la etapa de observaciones al proyecto de pliego. Una cuestión no menor si se considera que consejeros y funcionarios del organismo terminaron denunciados en el fuero federal en 2014, embestida que corrió por cuenta de Elisa Carrió.
La semana pasada, la Corte Suprema envió al Poder Ejecutivo Nacional el presupuesto de "gastos y recursos" del Poder Judicial para el año 2016. En total se prevé una proyección de más de 22 mil millones de pesos, si se suman los presupuestos elaborados por la Corte y por el Consejo. Ahora éstos deben ser incorporados al Presupuesto nacional, que luego será enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento.
El presupuesto del cuerpo colegiado incluye, en líneas generales, la creación de equipos interdisciplinarios para que los juzgados civiles se adecuen al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -que entró en vigencia a principios de mes-, y contempla los cargos para la Justicia del Consumidor.