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Oficialismo eludió el caso Oyarbide
La UCR acudió ayer al plenario con una nota que horas antes había ingresado al cuerpo colegiado y que llevaba la firma de César Arias, secretario de Justicia durante la administración de Carlos Menem.
Arias jugó un rol central cuando Oyarbide se vio implicado en el escándalo del caso Spartacus. Fue el diputado que instruyó la causa en su contra cuando el Congreso inició el juicio político y estuvo al frente de la comisión que regula ese procedimiento en la Cámara baja. Oyarbide fue absuelto por el Senado el mismo día que tuvo lugar el atentado contra la Torres Gemelas en Nueva York.
El exfuncionario cuenta en su misiva que si bien el Senado exoneró a Oyarbide en la causa por supuesto mal desempeño, la Cámara alta nunca se pronunció sobre los otros delitos que habían sido investigados en Diputados, como el hecho de, siendo juez, haberse colocado en una situación de vulnerabilidad o una supuesta extorsión que tuvo lugar durante la investigación policial de ese escándalo.
Cimadevilla y Aguad recordaron en su escrito que estas cuestiones fueron investigadas por el exfiscal Norberto Quantín (fue funcionario en los albores del kirchnerismo) y por el juez Fernando Rodríguez Lubary.
A partir de esto, Arias sostiene que Oyarbide debería ser enviado directamente al jury de enujuiciamiento para obtener una sentencia. Según esta tesis, el Senado ya no define estas cuestiones y la instrucción no debe realizarse en la Comisión de Disciplina porque ya la realizó la Cámara de Diputados en los años 2000 y 2001.
Jugada de riesgo, pero que parece no reparar en el hecho de que todas esas actuaciones que describe ya están, por el paso del tiempo, caducas.
Detalle que el diputado kirchnerista Carlos "Cuto" Moreno no detectó, ya que simplemente solicitó que el tema se trate en la Comisión de Disciplina y no en el plenario que ayer se desarrolló en paralelo al paro de los empleados judiciales.
Luego Moreno, acompañado por el senador Marcelo Fuentes, aprovecharon para embestir contra el juez Mario Fera por una supuesta irregularidad en la locación de un inmueble del Consejo (Fera preside la Comisión de Administración).

