Oficialismo y UCR cierran ronda de pases para la Magistratura

Ángel Rozas y Ruperto Godoy

El Congreso era anoche el escenario de conversaciones decisorias para definir quiénes representarán a ambas cámaras en el Consejo de la Magistratura a partir de noviembre. La nueva integración es clave, porque estará presente en el final de la administración actual y en el inicio de la próxima, en el cual se esperan negociaciones trascendentes entre oficialistas y opositores por concursos, causas contra jueces y asuntos relacionados con la administración del Poder Judicial.

El bloque del radicalismo notificaría hoy a las autoridades de las distintas cámaras que sus representantes en el organismo que nombra y remueve a los jueces serán el diputado Mario Negri y el senador Ángel Rozas. En el kirchnerismo se confirmaba ayer la nominación de Héctor Recalde para integrarse a la dupla con Eduardo de Pedro por diputados. Por el Senado fueron confirmados el santacruceño Pablo González y el sanjuanino Ruperto Godoy. Quedaron en el camino Rodolfo Urtubey y Aníbal Fernández.

La designación de Godoy debe tenerse en cuenta porque implica el retorno a la zona de influencia del Consejo del gobernador José Luis Gioja, quien años atrás logró tener línea directa con ese organismo gracias al juez José Miguel Gálvez.

Una de las consignas desde Balcarce 50 para definir el perfil de los candidatos fue la necesidad de contar con consejeros con buena disponibilidad para las comisiones y los plenarios, ya que el oficialismo busca establecer un ritmo de actividad intenso, por lo menos durante el primer semestre.

El radicalismo definió los reemplazos de Oscar Aguad y Mario Cimadevilla sin necesidad de grandes debates. Todo lo contrario a lo que sucede por estas horas en la Magistratura porteña, donde dos facciones de ese partido se enfrentan por una candidatura por el estamento de los abogados.

El Gobierno terminó de conformar su bloque que le da seis miembros. Si la camarista laboral Gabriela Vázquez confirma su buena sintonía con el oficialismo, este sector tendrá acceso a una mayoría que inquieta a la Corte Suprema, porque le permitiría, por ejemplo, designar al subadministrador del Poder Judicial, cargo que genera desencuentros con los justices. Con siete votos -según consta en el inciso 11 del artículo 7º del reglamento-, el oficialismo queda habilitado, en caso de lograr la presidencia, para proponer (y votar) el secretario general y el titular del cuerpo de auditores, entre otras facultades que marcarán la agenda de los próximos meses.

La negociación entre oficialismo y oposición por las autoridades podría incluir la vicepresidencia y dos de las cuatro comisiones (Disciplina y Acusación y Selección).

Los temas económicos dominan los conciliábulos judiciales, incluso en el gremio, que ayer tuvo un encuentro incidentado en la ciudad de Posadas que devino en la falta de quórum para tratar asuntos presupuestarios de la Asociación y una serie de afiliaciones siempre esperables en tiempos de elecciones.