Por Nisman, oposición ya forcejea en Magistratura

Alberto Nisman

 La oposición intentará desde hoy llevar el caso Nisman a la Magistratura. Radicales, macristas y kirchneristas disidentes esbozaron durante el fin de semana posibles avances contra Manuel de Campos, el primer magistrado que tuvo a su cargo las pesquisas en la escena de la muerte del fiscal, un día antes de que Fabiana Palmaghini regresara al país para hacerse cargo, en plena feria judicial. Poner el foco sobre el juez es un movimiento en sintonía con la declaración testimonial que Sergio Berni deberá prestar mañana en la fiscalía de Viviana Fein.

La Magistratura es un escenario en el cual la oposición se muestra en condiciones de extender los efectos que ha causado la muerte de Nisman en otros ámbitos de poder. Este impulso iría con el guiño de los jueces que integran el organismo que representan a agrupaciones enfrentadas con el oficialismo. Cálculos que se desarrollan en el entorno de Daniel Angelici, gerente judicial de Mauricio Macri y que tiene algún rencor con el juez De Campos por ciertos expedientes que el magistrado ha tramitado referidos a la violencia en el fútbol.

Pero hasta el momento la embestida opositora contra De Campos no pasa de lo meramente testimonial. Esta semana podría concretarse una denuncia en la Comisión de Disciplina del Consejo, pero que tendría elementos más bien endebles con el sólo objetivo de instalar la polémica e insistir con el supuesto vínculo del juez con Berni: hasta ahora lo más sólido es el hecho de que Berni designo como capellán de la Policía Federal a un familiar cercano del juez.

El caso Nisman se ha convertido en un issue sensible para el macrismo desde que el asesor Jaime Durán Barba introdujo con buen predicamento, ya hace quince días, la tesis de que el caso y sus repercusiones favorecerían al alcalde en su ambición presidencial, pronóstico que en su momento encontraba objeciones internas, como cierto desdén por parte del ministro de Justicia, Guillermo Montenegro.

El oficialismo buscará mantener su agenda en la Magistratura, que está enfocada en aprobar ternas para cubrir vacantes determinantes. Ese objetivo ya parece ser el excluyente si se considera que desde que comenzó la actividad en el organismo casi no se abordan cuestiones de otra índole, inercia que quedará en evidencia cuando se configure el temario del próximo plenario, en principio programado para el 12 de marzo.

Los avances serán difíciles aun en el expedientes de selección porque la oposición por ahora no está dispuesta a prestar el último voto necesario para elevar ternas al Ejecutivo. El oficialismo intenta consensuar y para eso recurre a concursos antiguos, pero claves, como los destinados a cubrir vacantes en la Cámara en lo Civil y Comercial federal. El problema es que antes que discutir nombres, los consejeros opositores recalen en duras objeciones técnicas que aparecen en dichos concursos. Por ahora, una pulseada con final abierto.

Como era de esperarse, el bloque oficialista exhibirá este año las complicaciones propias de los avatares electorales, pero también de las tribulaciones políticas que no dan tregua y que ahora tienen todas las miradas puestas en la apertura de la Asamblea Legislativa del próximo domingo, cuando el Gobierno podría expresar una respuesta frontal hacia lo que ya define como "partido judicial".

Circula en Balcarce 50 un listado con todos los integrantes del Poder Judicial que asistieron al 18-F, aunque ese relevamiento sería pobre porque no repara en aquellos funcionarios que no estaban dentro del corral judicial. Uno de los casos más mencionados es el del juez Daniel Rafecas, que participó de incógnito y que esta semana promete alguna novedad en la causa por la denuncia final de Nisman que le toca instruir junto al fiscal Gerardo Pollicita. Igualmente no debería sorprender que ese listado aliente algún tipo de presentación judicial de origen difuso y rasgos errantes: el artículo 235 del código de conducta de los jueces establece penalidades para aquellos que se manifiesten contra el orden institucional.