Presión de Chile, Uruguay y de Amnesty

 El presidente electo de Uruguay, Tabaré Vázquez, calificó de "terrible, no sólo para la Argentina, sino para la región" la muerte del fiscal Alberto Nisman, a cargo de la causa por el atentado a la mutual judía AMIA en 1994. "Es terrible no sólo para la Argentina, sino para la región, para el continente", dijo Vázquez al diario El Observador. "Estamos seguros que se van a llevar adelante todas las acciones para aclarar este hecho tan lamentable", agregó.

Por su parte, diputados de Gobierno y oposición de Chile pidieron a la Cancillería de su país apoyar una investigación internacional por la muerte de Nisman. "Una persona que le dedica más de 730 días de su vida a buscar las causas por las cuales el régimen iraní en conspiración con Hizbolá realizó este doble atentado, no va a suicidarse el día que tiene que comparecer al Congreso", dijo el diputado Daniel Farcas, del oficialista Partido por la Democracia.

"Queremos solicitarle especialmente al canciller (Heraldo Muñoz) y a la presidenta (Michelle Bachelet) que nos hagamos parte del dolor que tienen muchas familias en la Argentina", agregó la diputada María José Hoffmann, de la opositora y conservadora Unión Demócrata Independiente.

El grupo parlamentario, que se reunió con el embajador Alfredo Labbé, hizo la demanda luego de que la prensa local divulgara informaciones provenientes de la Argentina en las que se decía que supuestos participantes del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos, circularon por Chile años atrás.

En ese marco, el diputado Gabriel Silber, de la oficialista Democracia Cristiana, afirmó que "la solidaridad es con el pueblo argentino, no con su Gobierno".

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) reclamó al Estado argentino que se investigue la muerte del fiscal, de forma "exhaustiva e independiente". A través de un comunicado expresó que es necesario que el Gobierno argentino "tome decisiones contundentes tendientes a avanzar en el esclarecimiento de la causa AMIA así como a asegurar una investigación independiente e imparcial sobre la muerte del fiscal a cargo del caso".

La ONG urgió a "llevar ante la Justicia a los responsables del ataque que dejó 85 muertos, a sus cómplices, y a todos aquellos que han trabajado para desviar la investigación judicial hasta la fecha", en referencia al atentado contra la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994.

"El derecho internacional de los derechos humanos impone la obligación de llevar ante la Justicia a los responsables del ataque que dejó 85 muertos, a sus cómplices, y a todos aquellos que han trabajado para desviar la investigación judicial hasta la fecha", manifestaron en el mismo comunicado.

Asimismo, resaltaron que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual algunos familiares de las víctimas recurrieron en 2005 en busca de la justicia que no encontraron en la Argentina, ha señalado la gravedad de la situación" y agregaron que "ante ella, el Estado argentino reconoció formalmente su responsabilidad internacional por la falta de prevención del atentado, por las irregularidades cometidas en la investigación, por la denegación de justicia y por las maniobras de encubrimiento".

A su vez, destacaron que el Estado argentino "se comprometió a adoptar medidas tendientes a fortalecer la investigación, dotando de mayores recursos a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia y a la Fiscalía Especial, a revisar la legislación sobre el manejo de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)".