Senado: avanzan sanciones para policía en huelga

Miguel Pichetto, jefe de bloque K, destacó el apoyo de la UCR de Ernesto Sanz al proyecto oficialista para sancionar a policías que se declaren en huelga.

El proyecto de ley para sancionar a los efectivos de fuerzas de seguridad que se plieguen a huelgas y dejen de prestar servicio obtuvo consenso ayer de todas las fuerzas políticas que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación. El proyecto fue dictaminado al cierre de la reunión, por lo que la iniciativa impulsada por el senador bonaerense Aníbal Fernández está lista para ser debatida en el recinto.

El proyecto presentado el año pasado modifica el Código Penal, incorporando penas para miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que "a sabiendas, abandonaren injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de su función". Ese delito será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

Si como consecuencia del abandono del servicio "se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos". Al presentar la iniciativa, Fernández mencionó que "se está completando el artículo 252 del Código Penal en el marco de los hechos que ocurrieron en este país a fines del año pasado".

El senador kirchnerista bonaerense hizo referencia a las manifestaciones de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales que a fines de 2013 realizaron medidas de fuerza que provocaron saqueos y muertes. "No estamos impidiendo que puedan manifestarse, pero no pueden dejar de lado que deben llevar adelante una responsabilidad importantísima", destacó Fernández.

Por su parte, el radical Ernesto Sanz mencionó que su bloque "está de acuerdo con el proyecto" y que lo acompañará con sus votos en el recinto.

El proyecto abarca a los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en caso de abandonar su destino sin autorización, serán reprimidos con "multa de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año". El proyecto agrega que "el militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno a seis años".

Y agrega que "si como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a doce años".