Servini debe dejar caso contra asesor de Macri

Jaime Durán Barba

En un fallo que se considera histórico en defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia resolvió ayer una cuestión de competencia, que quedará como antecedente para el juzgamiento de delitos electorales que ocurran dentro de la jurisdicción porteña. El fallo está relacionado con la causa contra el asesor ecuatoriano de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, acusado de una supuesta campaña sucia contra Daniel Filmus en las elecciones del año pasado. La Corte pasó a resolver el reclamo de un juez porteño contra la Justicia nacional, sosteniendo que el presunto delito había ocurrido en la Capital Federal y en relación con las elecciones locales.

De esa manera, la jueza federal María Servini de Cubría, que dictó el procesamiento del politicólogo, deberá dejar la investigación y derivarla al fuero porteño, más precisamente al juzgado de Carlos Bentolila, quien hizo el reclamo por la competencia a favor de la Ciudad de Buenos Aires, al cual le dieron ayer la razón los jueces.

Tal vez la defensa de Durán Barba se sienta más cómoda con el trámite en territorio porteño. Bentolila, allegado al radicalismo, es el esposo de la exdiputada Nora Guinzburg del partido Recrear que fundó Ricardo López Murphy, aunque la mayoría de ese sello ya pasó al PRO. También conoce a su par Javier Bouján, quien dejó el juzgado para ocupar la Secretaría de Justicia del Gobierno porteño, este año, a propuesta del radicalismo PRO.

La decisión de la Corte fue unánime al declarar la incompetencia de la Justicia Federal, y el juzgamiento de los delitos electorales, como en este caso, lo llevará el fuero Contravencional Penal y de Faltas.

La decisión de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Maqueda y Raúl Zaffaroni no interfiere en el procesamiento de Durán Barba ni de los otros publicistas, José Garat y Rodrigo Lugones, que dispuso Servini de Cubría.

Los jueces indicaron en el fallo que «toda vez que los hechos denunciados tuvieron lugar en ocasión de una campaña electoral local, y prima facie aparecen dirigidos contra un candidato a un cargo público electivo, también de carácter local, sobre la base de los elementos reunidos hasta el momento corresponde declarar la competencia de la Justicia local para entender en la causa, sin perjuicio de lo que eventualmente pudiera decidirse en el futuro sobre el particular, con motivo del desarrollo ulterior de la pesquisa» y finalizaron con que «por ello, oído el señor procurador fiscal, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que se le remitirá».

La denuncia contra el asesor de Macri la había realizado el ahora titular del Consejo de la Magistratura porteño, Juan Manuel Olmos, acerca de encuestas telefónicas, durante la campaña para la elección de jefe de Gobierno, que buscaban desacreditar al candidato del kirchnerismo, Filmus, vinculando falsamente a su padre con Sergio Schoklender.

Cuando se inició la causa, el Juzgado 2 de Bentolila requirió la inhibición de Servini de Cubría en la investigación, pero la jueza lo rechazó y comenzó la pelea por la competencia territorial. Por eso la Corte ordena que la magistrada ahora le remita el expediente a Bentolila.

Servini de Cubría había procesado a Durán Barba y a sus socios, al comprobar que desde el edificio donde el asesor tiene oficinas se habían realizado llamados a vecinos de la Ciudad.

La magistrada entendió que se trataba de «inducir con engaños a otro a sufragar en determinada forma», delito especificado en el artículo 140 del Código Electoral, y les embargó bienes a cada uno por $ 130 mil.

El Código Penal establece que «se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo».