Surtido de temas (y Kicillof) en el acuerdo

Ricardo Lorenzetti

El acuerdo de ministros de la Corte Suprema de ayer ofreció una variedad de cuestiones sensibles para diversos entornos, tanto en cuanto a las firmas como en referencia a los comentarios más distendidos que tienen lugar los martes por la mañana.

Los ministros revocaron un sobreseimiento que beneficiaba al empresario Raúl Moneta ante un recurso presentado por el Banco Central. Entre los presuntos ilícitos denunciados figuran los que produjeron que el Banco de Mendoza dejara de funcionar y en la obtención, mediante presunto fraude, de beneficios económicos a favor del Banco República por un monto aproximado de 140.000.000 de pesos.

La entidad que preside Juan Carlos Fábrega presentó un recurso extraordinario contra la resolución de la Cámara de Casación Penal federal que había confirmado los sobreseimientos por "inexistencia de delito".

La Corte, en coincidencia con el procurador fiscal Eduardo Casal, concluyó que los sobreseimientos eran arbitrarios, porque en el caso se presentaban elementos típicos de la estafa, como el engaño, el error y el perjuicio.

Firmaron en este sentido Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carlos Fayt.

Es el segundo fallo de la Corte, en lo que va del año, referido a causas que durante los años 90 se centraban en el empresariado y su relación con el sector público. Semanas atrás se reabrió el caso Thales Spectrum, en el cual se investigaba la licitación del espacio radioeléctrico.

El acuerdo ofreció también un déjà vu respecto de la relación del Poder Judicial con la problemática del narcotráfico. Mediante una resolución firmada por todos los jueces, la Corte pidió al Consejo de la Magistratura y los ministerios de Justicia y Seguridad que "en razón a la extrema gravedad de las circunstancias denunciadas y en el ámbito de sus respectivas competencias, arbitren de modo urgente las medidas sugeridas" por los jueces federales de las distintas jurisdicciones provinciales que días atrás desarrollaron un extenso cónclave en el noroeste en el cual generaron un documento con una serie de pedidos.

En estas cuestiones trae cierta tranquilidad a la Corte el hecho de que el Consejo de la Magistratura aparece ahora más activo que durante 2013, cuando estuvo prácticamente paralizado. Se detecta una especial actividad en la Comisión de Selección, que es donde se deben proponer las ternas al Poder Ejecutivo.

Algo similar sucede con el pedido de efectivos de seguridad, ya que en los últimos días Sergio Berni se ha mostrado más receptivo a pesar de sus declaraciones que comparaban a los jueces con "máquinas expendedoras".

Tampoco faltaron ayer conversaciones sobre la primera audiencia pública en la causa que llevó a Google al máximo tribunal luego de que una modelo demandara a la empresa de internet por el contenido ofensivo que el buscador ofrece sobre su persona.

El pasado jueves fue el turno de los expertos u "amicus curiae", que expusieron sus puntos de vista aunque con una lógica demasiado general para el gusto de los justices. "Pasó lo mismo que con la ley de medios, faltó mucha profundidad, ahora el jueves vamos a tener que hacer muchas preguntas", resumió uno de los jueces en referencia a la audiencia que tendrá lugar mañana y en la que se pronunciarán los letrados de Google, los querellantes y el representante del ministerio público fiscal.

No faltó alguna mención a la entrevista que el martes por la tarde mantuvieron el ministro de Economía, Axel Kicillof, con los jueces Ricardo Lorenzetti y Highton de Nolasco. Los justices comentaron que escucharon sus preocupaciones respecto de una serie de sentencias relacionadas con la política fiscal del Gobierno que se emitieron recientemente en la Corte.

"Nosotros lo escuchamos como ya hemos escuchado a todos los funcionarios que pasaron por acá y eso no va a incidir en nuestro proceder", explicó uno de los ministros.