Tratan ya en la Legislatura convenios PRO-K

Gabriel Fuks

Un diálogo entre Cristina de Kirchner y Mauricio Macri comenzó a tener consecuencias en la Legislatura porteña, donde empezó el tratamiento de varios convenios entre las dos administraciones, algunos dormidos desde hace años por las confrontaciones políticas.

Ahora, por ejemplo, comenzará el tratamiento en la Comisión de Asuntos Jurisdiccionales que quedó a cargo del kirchnerista Gabriel Fuks, extitular de Cascos Blancos, la vieja idea de conformar un ente tripartito de transporte que pudiera resolver la complejidad del área metropolitana en cuanto al servicio público.

También saldrá a la luz del recinto el convenio que acordaron casi en secreto la administración PRO con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para traspasar a la órbita nacional el Instituto Espacio para la Memoria que incluye le ex Esma, con lo cual Macri aliviará su presupuesto para la política de derechos humanos que alienta el Gobierno K.

Entre otras cuestiones, se resolvió además la mudanza del monumento a Cristóbal Colón, pero antes la Legislatura deberá modificar una ley o bien no aprobarla en segunda lectura para que la escultura tenga pase libre a otra plaza porteña, ya que esa norma le reforzaba la protección.

El convenio que debe refrendar la Legislatura referido al transporte es de 2012. Si bien desde que se habló de concretar un ente tripartito hubo reuniones de las tres administraciones, Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires, en los papeles no se formalizó la idea.

El documento tiene trece artículos, define que la Agencia de Transporte Metropolitana (ATM) estará conformada por tres miembros en su directorio, uno de cada distrito, y sostiene que se creará un plan director.

Ese Plan Quinquenal de Transporte definirá políticas públicas e inversiones a desarrollar y también hará estudios de oferta y demanda para tener injerencia en fijar las tarifas en forma coordinada para los distintos medios que circulan en el área metropolitana: colectivos, trenes y subterráneos.

Por otra parte, propone que las inversiones o modificaciones en la región del convenio deben estar avaladas por la Agencia, una vez que ésta funcione de acuerdo con el convenio en su letra completa.