Una mano del Tesoro para sueldos judiciales

 El Gobierno oficializó un nuevo giro, esta vez por 160 millones de pesos, con destino al Consejo de la Magistratura para que el cuerpo colegiado afronte el pago de los salarios de todo el Poder Judicial.

Este mecanismo se viene implementando desde comienzos de este año ya que, por los sucesivos incrementos salariales decididos en la Corte Suprema de Justicia, la partida reglamentaria no es suficiente y el organismo precisa de una ampliación.

Hasta fines del año pasado era un motivo de roces entre la Magistratura y el Gobierno, pero desde la designación de Claudio Cholakián como administrador general -integrante de la corriente Justicia Legítima- los aportes del Ejecutivo se concretan casi automáticamente.

Esta realidad suele ser uno de los argumentos que esboza el oficialismo para proponer una reforma del presupuesto Judicial que actualmente la Corte rechaza.

El pasado martes, la titular de la Magistratura, la jueza Gabriela Vázquez, se explayó sobre dicha cuestión cuando concurrió al Congreso para exponer sobre la reforma procesal penal que el oficialismo impulsa y que ahora se implementará desde el Congreso.

Los proyectos que maneja el kirchnerismo respecto del presupuesto judicial giran en trono a una reconfiguración en cuanto al reparto de los ingresos no tributarios que recibe el Poder Judicial.

Por otra parte, ayer la Magistratura aprobó un plan de obras referido a las dependencias judiciales federales.

El plan fue suscripto por los ministros Julio Alak (Justicia) y Julio De Vido (Planificación Federal). En los últimos meses, el ejecutivo le ha facilitado diversos inmuebles al Consejo para que en esas locaciones se activen nuevas dependencias, como es el caso de los tribunales de Defensa del Consumidor que funcionarán en una dependencia del Ministerio de Educación.

En realidad, el acuerdo firmado ayer no es novedoso en materia de obras: desde hace más de un año el proyecto para la construcción de un edificio dedicado al Archivo General en la calle Combate de los Pozos es ejecutado por la Magistratura, la Corte y la cartera que conduce De Vido.

Mañana se desarrollará en la Magistratura una nueva ronda de entrevistas con los candidatos a cubrir cuatro vacantes en la Casación Penal federal. Luego las conclusiones pasaran al ámbito del plenario.