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Voto abogados: PRO apura ley de honorarios
Daniel Angelici
El objetivo del mismo es fijar parámetros concretos a los jueces al momento que éstos definen los honorarios de los letrados luego de un determinado proceso.
El proyecto tiene respaldo del Colegio Público de Abogados de la Capital aunque es objetado por los abogados de los estudios de derecho empresarial que también tienen interlocutores en la Legislatura.
El debate aparece en un momento clave, cuando las principales agrupaciones de abogados ya se han lanzado a competir por el asiento que les toca en el Consejo de la Magistratura y que se dirimirá en elecciones el 9 de septiembre.
La discusión se iniciará en la Comisión de Legislación General que actualmente preside el socialista Hernán Arce. Luego pasará a la de Justicia, que controla el macrista Francisco Quintana.
El proyecto fue una de las banderas de la campaña para el Colegio Público porteño que exhibió la fórmula integrada entre el PRO y el grupo Gente de Derecho que resultó vencedora con la candidatura del socialista Roberto López.
Un avance significativo del proyecto será utilizado en favor de la campaña de Adriana Donato y Germán Garavano que integran la fórmula Gente de Derecho-PRO para la Magistratura. Éstos enfrentarán a la actual consejera porteña Alejandra García y al académico Victor Zamenfeld. El proyecto fue presentado por el legislador Daniel Lipovetzky, actual vicepresidente del Colegio Público.
Establece un mínimo a los montos que los letrados pueden percibir como honorarios.
El texto crea una suerte de unidad de medida intangible que le fija al magistrado una serie de parámetros para acordar los montos a pagar a los letrados. Esa medida está directamente vinculada al sueldo de los jueces.
Actualmente la actividad de los abogados se regula por una Ley nacional (21.832) que establece topes y mínimos a los honorarios y cuya última actualización data de la década del 90. Luego cada jurisdicción cuenta con su propia ley encuadrada en los parámetros de la ley nacional.
Por ahora este proyecto dejaría en segundo plano al que formuló el legislador Héctor Huici, ya que su iniciativa no avala la idea de establecer el monto mínimo como una medida de orden público, ya que limitaría los acuerdos extrajudiciales entre los abogados y sus clientes y también conspira contra la figura de la "asesoría jurídica".
El principal inconveniente que presenta el proyecto de Lipovetzki para estos letrados es que en ciertas ocasiones el monto de honorarios acordado con el cliente podría ser inferior al mínimo que señala la ley. Aunque el cliente acepte el acuerdo bilateral, luego los abogados deberían rendir cuentas ante la AFIP por el mínimo que señala la norma.
Destrabar este punto sería el requerimiento esencial para que todo el bloque del PRO avale el proyecto de honorarios.
En el plano político, la principal conversación estará dada entre el presidente de Boca, Daniel Angelici, referente del sector de Lipovetzky y auspiciante de la unión con Gente de Derecho, y el secretario de Legal y Técnica de la Ciudad, Pablo Clousellas.
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