Cromañón: familiares quieren que declare ahora Vilma Ibarra

La Justicia citará a otros siete funcionarios del Gobierno porteño en la causa en la que se investigan las 193 muertes ocurridas el 30 de diciembre en un local bailable del barrio de Once. Se trata de un plantel de la Secretaría de Control Comunal, que está siendo sumariado por la Procuración porteña, en un abultado expediente que se remite a la Justicia. Mientras se aguarda la declaración indagatoria de los tres ex funcionarios de más nivel del área de Control al 30 de diciembre, ayer abogados de los familiares de las víctimas de la tragedia solicitaron al juez Julio Lucini que cite a declarar como testigo a la senadora Vilma Ibarra. El pedido se funda en la amistad de la legisladora con la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, y los abogados quieren demostrar que la designación de la ex funcionaria se habría realizado por amistad y no por idoneidad. Los letrados Fabián Bergenfeld y Mariano Bergés apuntan a demostrar que Aníbal Ibarra incumplió, presuntamente, con los deberes de funcionario público. De acuerdo con la hipótesis que quieren que investigue el juez, el nombramiento de Fiszbin se habría producido por ser amiga de Vilma y de Ibarra «y no por su idoneidad». «Si Ibarra sabía, como él mismo dijo, que el área de inspecciones era un focazo de corrupción y pone al frente una persona que no estaba capacitada, es responsable como Omar Chabán, quien sabía lo que podía ocurrir y no hizo nada para evitarlo», explicó Bergenfeld. Los abogados quieren que el juez tome declaración testimonial a la senadora Ibarra para demostrar esa amistad y suponen que probarían que Fiszbin no era idónea para desempeñarse en la función que ejerció y así llegar a que Aníbal Ibarra incumplió con sus deberes al nombrarla. Por su parte, Fiszbin ya comenzó a redactar la defensa que esgrimirá ante el juez Lucini, el próximo 12 de abril, cuando concurra a prestar declaración indagatoria. Tanto ella como otros dos ex funcionarios que le seguían en rango, el viernes pasado pidieron una prórroga de la indagatoria para poder conocer a fondo la causa. Fiszbin está acusada de presunto homicidio culposo y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hará su declaración, momento para el cual la querella preparó más de 100 preguntas, pero además llevará un escrito que ya tiene cerca de 200 hojas. En esa redacción que prepara su abogado, Marcelo Saimer, trata de describir cómo funcionaba el área a su cargo y cómo se organizaban los controles nocturnos a los locales bailables, una mecánica que intenta descifrar el juzgado para establecer quiénes fueron los responsables de no clausurar República de Cromañón a pesar de tener vencida la habilitación que emiten los Bomberos de la Policía Federal. • Traslado Fiszbin desligaría su responsabilidad en funcionarios de menor jerarquía que la que ella tenía al momento de ocurrir el incendio, que la encontró festejando el fin de año en el exterior, desde donde debió regresar a presentar su renuncia. La causa judicial ya lleva 14.000 fojas, y además hay un sumario de varios cuerpos que se está realizando contra cuatro ex coordinadores de inspectores y tres inspectores, a los que la Justicia citaría luego de las declaraciones de Fiszbin, Gustavo Torres (su segundo) y la adjunta Ana Fernández. Los abogados de la querella, además de pedir la declaración testimonial de Vilma Ibarra, quieren demostrar también la amistad entre Torres y Alberto Fernández, dentro de la hipótesis que manejan con respecto a que los nombramientos no se habrían hecho por las capacidades técnicas de las personas. Torres, también llamado a indagatoria para el 10 de abril, se desempeñó como director general del área de Control desde octubre de 2004 y luego de la tragedia fue removido cuando ingresó a la gestión Juan José Alvarez. Ana Fernández, de vinculación con el legislador porteño Jorge Giorno, ocupaba el cargo de Torres con anterioridad, pero luego sus tareas fueron menores. Esa ex funcionaria alegará que no tenía, al momento de lo ocurrido, ninguna relación con los operativos de inspecciones y que, anteriormente, a mediados del año pasado, se le hizo un requerimiento a Chabán acerca de las condiciones de habilitación del boliche República de Cromañón, que para ese entonces, de acuerdo con la documentación que remitió el encargado del local bailable -preso y procesado- estaba en regla.

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