Cromañón: funcionaria clave solicitó un careo

Cromañón. La Justicia indagó ayer a la ex subsecretaria de Control Comunal, acusada del presunto delito de homicidio culposo en la tragedia que causó la muerte de 193 personas.

La ex subsecretaria de Control Comunal del Gobierno porteño, Fabiana Fiszbin, fue indagada ayer por más 11 horas por el juez Julio Lucini, quien investiga las responsabilidades de funcionarios de la gestión de Aníbal Ibarra en la tragedia del boliche del barrio de Once.

Fiszbin reiteró ante el magistrado el contenido de un escrito que presentó el lunes en el juzgado, en el cual se defiende y acusa a la Policía, al encargado del local -Omar Chabán- y a la dirección de Fiscalización y Control (que dependía de ella) por lo ocurrido en República de Cromañón. Ante el juez y el fiscal Juan Jose Sansone, la ex funcionaria acusó a la comisaría de la zona, la 7a, de haber ocultado pruebas, pero la declaración no concluyó ayer, ya que el magistrado pidió ampliar la indagatoria y volvería a citar a la psicóloga para la semana próxima, después que declare el titular de la repartición policial.

Fiszbin además pidió un careo con el defensor adjunto del Pueblo, Atilio Alimena, a quien volvió a acusar de mentiroso y de haber contado supuestamente con información para clausurar el local y «no hizo nada».

El lunes declaró mediante un escrito el ex titular de Fiscalización Gustavo Torres, y hoy está citada a indagatoria Ana María Fernández, quien se desempeñaba como adjunta pero ocupó hasta octubre pasado el cargo de Torres.

Esa ex funcionaria, referente del Partido de la Ciudad que conduce el legislador porteño Jorge Giorno, no presentará escrito y se someterá a responder las preguntas que le hagan. La defensa de Fernández hará pie en que al momento de la desgracia la ex funcionaria no tenía a su cargo funciones relacionadas con las inspecciones para lo cual llevará una resolución que firmó Torres en la que le restringe las responsabilidades.

• Responsabilidad

Torres y Fiszbin coincidieron en su intención de hacer girar la investigación hacia una presunta corrupción policial como responsable de la tragedia, pero los testimonios también desatan acusaciones mutuas entre funcionarios. Alimena había culpado al Gobierno porteño de desoír sus recomendaciones sobre las habilitaciones irregulares de los locales clase C como era Cromañón y dijo que Fiszbin le había asegurado que era una decisión política no inspeccionarlos. Ahora Fiszbin le devuelve el cargo a Alimena, de quien dice es responsable porque la Defensoría tenía competencias para clausurar, mientras que Torres y Fernández se defienden uno con que era nuevo en el cargo y la otra con que al momento del hecho no tenía funciones de competencia. El juez quiere saber por qué durante un año no se inspeccionó el lugar, y los indaga por el supuesto delito de homicidio culposo.

También está citado a declarar el titular de la Comisaría 7ª, la que corresponde a la zona y en paralelo, en la Legislatura porteña se presentó un pedido de interpelación al Fiscal General Contravencional, José Luis Mandalunis. El diputado Jorge Enríquez presentó el proyecto, luego de las declaraciones de Fiszbin y Torres que disparan contra la Justicia contravencional por no haber detectado aquella noche las faltas que se cometían, como uso de pirotecnia en locales cerrados e ingreso de mayor cantidad de personas de la habilitada para el local, entre otras.

Según algunos testimonios, durante el recital del grupo Callejeros que se realizó ese día, habría policías en la puerta del boliche. En las próximas semanas sería llamado a declarar el apoderado del Frente Grande, Marcelo Antuña, ex subsecretario de Trabajo, a cuya dependencia le correspondía la inspección de espectáculos públicos.

Lucini trataría de resolver los procesamientos de los funcionarios antes de fin de mes. El 3 de mayo se vence la licencia por enfermedad que solicitó la jueza Ana María Crotto, quien comenzó la investigación. Aunque se asegura en Tribunales que las recomendaciones médicas aún no le permitirían regresar a su despecha, Lucini querría resolver antes, ya que es quien solicitó las indagatorias.